Katta Alonso, habitante de Ventanas Alto, Puchuncaví, y presidenta de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, junto a Cristina Lux y Alejandra Donoso, abogadas de la Defensoría Ambiental, están en Ginebra, Suiza esta semana para participar como representantes de la sociedad civil chilena en la Presesión #32 del tercer ciclo del Exámen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derecho Humanos (CDH) de la ONU establecido por la Asamblea General en 2005 para indagar cada cuatro años en la situación de los Derechos Humanos en los 193 Estados miembros de la ONU.

“Las presesiones del EPU son instancias en que la sociedad civil puede comunicarse con las delegaciones permanentes de los países participantes de la ONU,” explica Cristina Lux. “Vinimos a hacer nuestras observaciones a las delegaciones para que éstas recomienden a Chile ciertas modificaciones y mejores estándares en materia de Derechos Humanos. En estas presesiones participan los Estados, los institutos nacionales de derechos humanos de los respectivos Estados y la sociedad civil. Es una instancia de diálogo entre todos los actores”, señala la abogada, agregando que “Chile rinde el EPU el 22 de enero de 2019 y en esa instancia, donde no participa la sociedad civil, tiene que examinarse en materia de Derechos Humanos. Esto quiere decir que los demás Estados le presentan ciertas observaciones y ciertas indicaciones que previamente han recolectado desde distintas fuentes, principalmente de parte de la sociedad civil, como también de observaciones que se han presentado en Exámenes Periódicos Universales anteriores”.

En cuanto a medio ambiente, se han hecho muy pocas observaciones en los dos EPU anteriores, indica Lux, “de hecho, en el periodo anterior, sólo hubo dos: una referida más bien a derechos de las comunidades indígenas y una referida específicamente a la indemnización de víctimas de contaminación de fundiciones de cobre , que en Chile sería la de Codelco, ex-Enami. Esta indicación se encuentra en carácter de incumplida”.

La abogada hizo hincapié en el hecho que “Chile posee escasa normativa de calidad de aire y sus estándares están muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otra parte, hay escasa normativa que regule la exposición a metales pesados, sometiendo a la población a un alto riesgo. Estos factores, sumados al otorgamiento desmedido de permisos de funcionamiento industrial en sectores aledaños a la población y a la falta de fiscalización de la autoridad, han contribuido a que muchas comunidades a lo largo de Chile sean altamente castigados ambientalmente.”

En su discurso frente a las delegaciones internacionales manifestó que “durante 2017 y 2018, diversas comunidades de Chile se alzaron señalando que se encontraban en ‘zonas de sacrificio ambiental’ y que su situación no podía seguir siendo contenida con medidas pasajeras. Esto aparece explícitamente señalado en el informe anual del INDH de 2014, que identifica, al menos, como zonas de sacrificio las zonas de: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y la bahía de Quintero y Puchuncaví. Estas zonas reclaman por la contaminación del suelo, aire y agua dentro de sus comunidades y el deterioro de la salud de las personas,” declaró ante las delegaciones reunidas.

Para Alejandra Donoso, “estas vulneraciones a los Derechos Humanos marcan un contexto de injusticia ambiental que a estas alturas debiesen ser inaceptables en Chile y en el mundo. Es por este motivo que con mucha esperanza estamos en la ONU haciendo nuestras recomendaciones para que los otros Estados se hagan parte de esta situación, que reconozcan y entiendan las recomendaciones a Chile, porque no es posible seguir viviendo de esta manera. Queremos lograr que el Estado de Chile se haga cargo de la situación de vulneración de los derechos humanos a la que ha abandonado a la población que habita en las denominadas “zonas de sacrificio”, y para eso utilizaremos todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos presente. Esta es una de ellas.”

Por su parte, Katta Alonso, vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví en Resistencia, reflexionó: “ya hicimos nuestra presentación, Cristina Lux nos representó súper bien. Esperamos que los diferentes países—sobre todo el nuestro— nos escuchen. Necesitamos una legislación especial para que no existan más zonas de sacrificio en Chile, para que nuestros niños y niñas puedan estar sanos por fin, para que podamos vivir en un medio ambiente libre y limpio de contaminación. Así es que tenemos una pequeña esperanza de que los países recomienden a Chile lo que realmente necesitamos. Ha sido una bonita experiencia, la gente ha sido muy respetuosa, así es que creo que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena.” (Por Casey Butcher)