Hace un buen rato que la frase “esperemos lo que dice la justicia” se ha hecho carne en los grupos de poder cuando le cae a uno de los suyos el peso de la responsabilidad. En Chile nadie renuncia, hemos construido una moral laxa, cada vez más alejada del deber, que es la base para proyectar y sostener una sociedad. Acaso este sea el problema angular de nuestra condición actual, de vivir en escándalo tras escándalo, que no voy a enumerar acá.

Lo que debemos hacer es, de una buena vez, exigir que toda autoridad ponga en sus programas de trabajo que no tolerará el más mínimo acto apartado de los valores que se exigen para ejercer un cargo, separándolo del mismo en el acto, y sin que ello sea una condena previa. También la sociedad debe abandonar esa actitud primaria de imputar delitos a toda persona que comete una falta o que, en un caso de ética clásica, ha mentido. Por esta razón debe dejar sus funciones, no porque haya delinquido, cuestión que habrá que demostrar si ha cometido perjurio.

Chile y sus autoridades de gobierno nacional y local, como también las llamadas a promover los valores que constituyen la moral, o las que tienen el monopolio de las armas, deben liderar un cambio en el estándar ético para siquiera postularse a un cargo, porque luego nos encontramos con sorpresas y la misión de dirigir queda a la deriva por causa de la pérdida de credibilidad.

No es raro que los candidatos y luego gobernantes prometan mucho, y a poco andar pierdan adhesión. La gente es generosa y más sabia de lo que algunos sospechan.

Pero la ética no está bajo control alguno, salvo para los asociados a alguna organización. En Chile, a nadie le quitan el título por un tema ético, ni tampoco le quitan la pensión del Estado al que ha robado o malgastado los fondos públicos. La ética no prevalece en los organismos públicos, no hay un liderazgo moral, un estilo que permee al resto de la sociedad civil, ni menos en un sinnúmero de empresas privadas. Las hemos visto desfilar ante la justicia por financiar ilegalmente la política y conseguir leyes a su medida.

La ley no exige ningún estándar ético para ejercer un cargo público, apenas no haber sido condenado a pena aflictiva. Aparte, como si fuese poco, promueve que las personas que quieren aportar en un cargo de elección popular pasen por el filtro de los partidos políticos. Si no lo hacen, deben meterse la mano al bolsillo y juntar miles de firmas para obtener un patrocinio. Carecen de toda ética los que se han jugado por poner trabas a la participación de la gente, porque además de esa condición, les dan un tiempo muy limitado para obtener las adhesiones. Esta es la captura del aparato público por parte de los mediocres, una manera más de fomentar la corrupción.

En las elecciones prometerán de todo, menos una conducta ética. Se los aseguro.