En una situación social compleja como la que afecta Chile hoy, resulta muy difícil encontrar un solo eje argumental que explique el fenómeno en toda su extensión.

El conflicto, aparentemente, se desata por el alza de los pasajes de Metro, pero casi todo el mundo entendió al día siguiente, que la causa principal era el descontento con un sistema de máxima injusticia social, donde el 30% del producto territorial se acumula en el 1% de la población y el esquema se repite hacia abajo, encontrando -por ejemplo- en una misma organización productiva diferencias de sueldos de hasta 40 veces o más, generando una gran masa de población que vive en condiciones de gran precariedad y pobreza.

Pobreza que se esconde bajo un sistema de créditos personales irresponsable y que ha permitido generar un cierto consumo suntuario que esconde el fenómeno.

Pero un sistema así de injusto no sólo se cimienta en la desigualdad económica, sino en el absoluto desprecio por los derechos humanos y ambientales, de manera que los recursos hídricos en todos los niveles han sido sustraídos a sus naturales propietarios, para ser desviados hacia explotaciones mineras, centrales hidráulicas de producción energética o grandes explotaciones agroindustriales.

Aquí encontramos nuevos grupos intervinientes en el descontento, que sin tener el mismo nivel de pobreza que los primeros, entiende la coyuntura como el momento justo, para dar cabida a sus demandas de protección de los derechos ambientales y, particularmente, de agua.

Así como los pobres y ecologistas, también se suman los estudiantes en todos sus niveles y los profesionales jóvenes que no ven en el horizonte ni la mínima posibilidad de realización del sueño de desarrollo prometido.

También sumamos a los enfermos que tienen un sistema de salud de mala calidad, extremadamente caro y medicamentos que pueden costar entre 5 y 10 veces más que en otros países.

Por último, un grupo transversal que ha hecho de eje del descontento en los últimos años: los pensionados. Es bien sabido que en el sistema vigente de pensiones, las empresas privadas, de administración de Fondos de Pensión, de cada 5 unidades monetarias recibidas solo reintegran 2 a sus legítimos propietarios como pensiones, el resto es absorbido por “el sistema” como comisión, pérdidas o lo que se quiera.

Sin embargo, todos estos actores se mueven en un mundo de informaciones, que de alguna manera condicionan o estimulan sus acciones, y al parecer el hecho informático que más ha influido en los ánimos de estos manifestantes está relacionado con la aceptación, por parte de ciertas autoridades judiciales e incluso de las autoridades de las mismas AFP, de la posibilidad de retiro total de los fondos ahorrados bajo ciertas circunstancias.

Este hecho informático parece ser trascendental para entender la masividad de la protesta y quizás también para entender la desproporcionada respuesta del Estado.

De parte de los manifestantes, esta noticia conmovió uno de los cimientos del sistema, que se había publicitado durante 35 años como un dogma de fe, que rezaba más o menos así: “El trabajador está obligado por Ley a cotizar en una AFP y será esta institución la encargada de calcular y pagar la pensión que corresponda y cuando corresponda, de lo contrario el sistema se derrumbará sobre nuestras cabezas aplastándonos” dogma indiscutible que desde luego ha dejado a merced de los depredadores económicos a la gran mayoría de nuestros pensionados… y de la noche a la mañana resulta que no era un dogma de fe, que era simplemente una artimaña para que los poderosos se apoderaran de las pensiones de los más débiles y esto, lógicamente, fue la gota que colmó el vaso; para rematar el ministro de Salud insinúa que los medicamentos siempre pudieron ser mucho más barato si el Estado se hubiese preocupado de ello.

Junto a este poderoso y multitudinario grupo de manifestantes, se han presentado otros subgrupos que ya eran conocidos en la escena nacional y que no representan ninguna de las dos posiciones en conflicto, ni a los manifestantes ni al Estado: los lumpen, y particularmente dentro de ellos los delincuentes, los violentistas y los provocadores agentes de los intereses de la elite o del Estado.

Cada uno de estos subgrupos representa la porción más ínfima de los manifestantes, pero sin embargo, son los que dejan a su paso una estela de destrozos que finalmente llenaran las páginas de los Media.

Podríamos desglosar los intereses de cada uno de estos subgrupos, pero dada su natural invisibilidad, cualquier análisis tendría una cuota especulativa; contentémonos con decir que los manifestantes en su inmensa mayoría han reconocido a estos subgrupos como escindidos de los intereses de la mayoría.

Del otro lado de la vereda está el Gobierno, los partidos políticos que lo componen (no sin cierta disidencia) y las Fuerzas Armadas, como elementos visibles, cuyos intereses son declarados abiertamente como la conservación de Orden vigente, orden que ya sabemos no es respaldado por la gran mayoría del pueblo.

Este grupo antagonista, en su afán de superar la crisis. ha reconocido algunas consecuencias no deseadas del “Orden”, y como es natural, ha hecho un conjunto de promesas que, a su juicio, deberían equilibrar la inequidad.

Demás está decir que sus promesas son tan absurdas que para atender el problema de las pensiones prometen subir en un 20% las pensiones mínimas, que corresponden a un equivalente a 150,14 US dólares; pensión que para el nivel de precios existente es simplemente insuficiente para sobrevivir, pero el problema más grave es que solo se reajustaran esas pensiones y que aquellos pensionados que obtienen 160 US dólares, o un poco más, se deberán quedar con su actual pensión, tan paupérrima como la de los primeros y agradecer su suerte de no poseer la pensión más baja, y disponerse a morir.

Esta, es la base del nuevo trato que propone el gobierno respecto del grave problema de pensiones.

Pero al igual que en el grupo de los que protestan hay subgrupos que se mueven invisiblemente en la sombra.

Están los grupos económicos que, a pesar de ser parte de la base social del gobierno, elaboran una agenda propia, que los diferencie del gobierno y que les permita “flotar” en el caso que el fenómeno se salga de control.

Están los sistemas de inteligencia de las fuerzas armadas, más o menos independientes del mando y más o menos ideologizados, en la quimera de volver al control militar del poder, que al igual que en 1972, cuando se les llamó a salir a la calle para colaborar con el gobierno, utilizan este “chipe libre” otorgado por el gobierno, para probar sus sistemas de control de la población y ponerlos a punto en caso de ser requeridos. Son particularmente activos -en estos casos- los grupos de control de telecomunicaciones, como los grupos de contra inteligencia.

Resulta evidente que mientras más tiempo estén coartadas las libertades individuales y más tiempo se les permita a las Fuerzas Armadas ejercer el control de la población, mayor será el accionar de estos grupos, y mayor será el descontrol de los mismos, incluso, de los propios mandos institucionales.

Pero en este mar de voluntades visibles e invisibles, que se superponen generando un caos difícil de evaluar, nos interesa saber, por sobre todas las cosas, cuáles son los intereses ocultos que finalmente pondrán la más alta resistencia al necesario cambio que permita a todos los chilenos vivir en un país generoso para todos.

Nos preguntamos cuál de estos grupos y subgrupos resultaría más afectado por una democratización de los beneficios, del país de sudamérica que tiene el más alto PIB, y allí aparecen en primer lugar aquellos grupos económicos controladores de las AFP, quienes controlan el 85% de la inversión nacional e indirectamente controlan un porcentaje aún más elevado del financiamiento productivo.

Grupos controladores que, en su inmensa mayoría, son de origen norteamericano (sorpresa) y que están asociados con los grandes capitales nacionales.

Estos grupos económicos, como lo dicen las cifras mencionadas, constituyen el eje central de nuestro “orden” económico, y ninguna fortuna nacional se compara con el poder que ellos ejercen. Es muy sintomático que, en el momento de mayor cuestionamiento a este eje central del sistema de sometimiento económico y político, se haya producido una situación de desorden de tal magnitud que haya sido necesario sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y poner en cuestión el centro de la convivencia cívica chilena.

Hay muchísimas teorías conspirativas que hablan de lo difícil que hubiera sido para un grupo de espontáneos quemar 5 estaciones de Metro simultáneamente, incendiar una escalera de incendios que por definición debe ser incombustible, de la sospechosa inacción de las fuerzas de orden, ilustrada por miles de videos pasados en los canales de tv, ante los vándalos que han actuado y quemado numerosos locales comerciales a vista y paciencia de los Carabineros o militares. Sin embargo, más allá de cualquier teoría de esta naturaleza, al menos podemos dar cuenta que la irrupción de las fuerzas Armadas en la vida cívica, ha sido muy beneficiosa para aquellos que no desean más cambios que no sean los estrictamente necesarios para la educada cosmética política.