La ausencia de los senadores de la ex Concertación, Felipe Harboe, José Miguel Insulza, Rabindranath Quinteros y Ximena Rincón, y la abstención de Carolina Goic y Jorge Pizarro permitieron al intendente de Santiago, Felipe Guevara, seguir en el cargo.

“En un contexto donde se están violado grave y masivamente los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Piñera, es necesario, es urgente, un imperativo ético buscar también responsabilidades políticas”, indicó el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática-FA) para explicar su voto a favor de la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, “quien es el representante del presidente Piñera en la Región Metropolitana, tiene responsabilidades políticas en las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se han cometido”.

Para el senador del Frente Amplio, “su estrategia de ‘tolerancia cero’, de ‘copamiento preventivo’ han generado más conflicto, más violencia y una respuesta desproporcionada del uso de la fuerza en la búsqueda del orden público, por lo tanto, yo apruebo la acusación constitucional contra el intendente Guevara”.

La ausencia de senadores de oposición, específicamente de Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Rabindranath Quinteros (PS) y Ximena Rincón (DC), y la abstención de Carolina Goic (DC) y Jorge Pizarro (DC) hizo fracasar la acusación constitucional, no alcanzando los 22 votos necesarios para destituir al intendente de Santiago. “Me parece de una irresponsabilidad política mayor que senadores de oposición no estén presentes cuando es su deber político, un deber laboral básico presentarse frente a las citaciones a sesiones especiales en el Senado que no estén presentes para permitir que con su ausencia se caiga esta acusación constitucional, por carencia y debilidad de la oposición en el Senado”, sostuvo Latorre.

En lo fundamental, el libelo acusatorio contra el intendente Guevara consistió en:

• Haber infringido la Constitución Política vulnerando la libertad de reunión y de expresión; y el principio de legalidad. Esto se concentra en un capítulo que deberá ser sometido a escrutinio del Senado.
•  Se sostiene que esta infracción se habría producido en el contexto post estallido social, el que estuvo marcado por movilizaciones pacíficas y actos vandálicos. Se asegura que tras la declaración del estado de excepción se registraron diversas vulneraciones a los derechos humanos ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros.
• El 28 de octubre asume Felipe Guevara como intendente metropolitano. Ese día declara que las manifestaciones son un gesto de la democracia. El 13 de diciembre, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a no participar de una convocatoria en los alrededores de la plaza Baquedano debido a que la instancia no había sido autorizada e implicaba un riesgo para la seguridad.
• Dado lo anterior, se asegura que vulneró la libertad de reunión (autoconvocada  y sin armas) y de expresión; y las normas internacionales asociadas.
• En cuanto a la forma, se le responsabilizaría de la estrategia de copamiento policial y sus consecuencias. Más de mil efectivos se posicionaron en la plaza Baquedano esos días con el fin de reprimir cualquiera movilización no autorizada. En esas condiciones, falleció Mauricio Fredes, el 27 de diciembre escapando del efectos de gases lacrimógenos.
• Por todo lo anterior, los diputados acusadores solicitan acoger el libelo, destituir a Guevara de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 5 años.

En tanto, se resume que la defensa respondió a la acusación indicando que:

• Los hechos que se le imputarían al Intendente Metropolitano serían poco rigurosos porque se apoyarían en notas de la prensa y posteos de las redes sociales.
• Las infracciones que se citan no podrían ser atribuidas a su persona, sino a las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros). No habría una participación directa y personal en los hechos.
• Sostienen que tampoco se hace referencia a un infracción concreta a la Constitución Política aludiendo a un principio o una atribución específica del cargo de intendente.
• En cuanto a limitar el derecho a reunión, la defensa manifiesta que jamás hizo un llamado a no reunirse, sino a que las movilizaciones debían ser comunicadas y coordinadas con los actores de orden público.
• En relación a la infracción del principio de vulnerabilidad, la defensa argumenta que el despliegue de la fuerza se enmarca en el principio de eficacia y eficiencia que le cabe a Carabineros en el ejercicio de sus atribuciones.
• Respecto a que el intendente habría modificado su política de manejo, se asegura que desde que asumió siempre ha actuado en pro del derecho a expresión y a reunión siempre respetando los derechos de las personas.
• En resumen, la defensa manifiesta que al Intendente Guevara no se le acusaría por algo que cometió, no se distingue entre las funciones de Carabineros y las del intendente; no se logra demostrar la infracción y los hechos en que se funda la acusación serían inconsistentes.