Frente al emplazamiento que hiciera el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación al alcalde Jorge Sharp por desvinculaciones de funcionarios y funcionarias de la educación en Valparaíso, desde la Corporación Municipal aclararon que, con 2.200 alumnos menos, es insostenible recontratar trabajadores para que no tengan funciones.

Luego de las duras críticas del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE) hacia la Corporación Municipal, en las que calificaron de «inmoral» haber puesto término a contratos, “principalmente de mujeres jefas de hogar, poco antes de que reanudaran sus labores en establecimientos educacionales”, Silvana Sáez, directora del Área de Educación de la Corporación, respondió a las acusaciones, asegurando que lo que ha habido es la no renovación de contratos, esto «por falta de estudiantes, por tanto ingresos».

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso denunció esta semana “despidos injustificados” a funcionarias y funcionarios -docentes y asistentes de aula- durante el mes de febrero por parte de la Corporación Municipal, indicando que esto habría sido sin aviso previo y a pocos días de iniciarse el año escolar.

SUTE informó que, a la espera de un catastro comunal, únicamente dentro de la organización sindical se han entregado desde la segunda semana de febrero hasta ayer alrededor de 15 cartas de término de contrato, y creen que el número seguirá creciendo. Frente a la situación, anunciaron movilizaciones para marzo y esperan, antes de tomar otras medidas, obtener una respuesta y una solución por parte del alcalde Jorge Sharp.

Ingrid Altamirano, presidenta de la SUTE, calificó el hecho como «una práctica totalmente arbitraria e inmoral que hoy día tiene la Corporación Municipal de Valparaíso con sus trabajadores y trabajadoras», y señaló que, más allá de que pueda ser legal o no el despido, acusan que fueron notificados del fin del contrato «a dos semanas de entrar a laburar a los puestos de trabajo».

Con ello, dirigió responsabilidades hacia la directora del departamento, Silvana Sáez, y sus «cuestionables prioridades” al momento de tomar la decisión, que, según Altamirano, dejó desvinculadas en gran parte a asistentes del Programa de Integración Escolar (PIE), que son las encargadas de atender necesidades especiales de los niños «que van a ser vulnerados durante el mes de marzo porque no van a tener esas trabajadoras para que los atiendan».

Consultada por las críticas, la directora del Área de Educación de la Corporación Municipal respondió que los emplazamientos de los dirigentes del SUTE obedecen a una “puesta en escena” y que “en ningún caso se trata de despidos”, precisando que la figura del despido solo puede darse “cuando los contratos son indefinidos y son contratos titulares, en donde se suprime a un funcionario y se le debe pagar indemnización”.

“Hemos dado garantías como Alcaldía Ciudadana que quienes tienen contratos, tanto de titularidad como contratos indefinidos, en términos de funcionario, a no ser que haya casos graves de denuncias o de otro tipo y que haya que desvincular, nosotros mantenemos el derecho de esos trabajadores a mantenerse con nosotros , a pesar de la precariedad que podría, en este caso, estar focalizada porque todavía no hemos llegado al tope de la matrícula que necesitamos para marzo para constituir la cantidad de cursos que hemos tenido históricamente estos últimos tres años”, explicó la directora de Educación municipal.

Saez fue enfática en señalar que “en la medida que aumenta la matrícula y la disponibilidad de horas, efectuamos las recontrataciones. Quienes tienen plazo definido, se les avisó del plazo cumplido en diciembre (…) Lo que no podemos hacer hoy es recontratar trabajadores para que no tengan funciones porque eso no es sostenible”, esto en vista que, para este año, se han matriculado 2.200 estudiantes menos en comparación con los años anteriores.

Además, destacó que tienen la responsabilidad de ordenar «no solo los contratos sino el servicio educativo» para concretar el traspaso a un Servicio Local de Educación», toda vez que, “si se hace una contratación hoy día, se tiene que mantener hasta febrero del año 2021, momento en que esta Corporación no va a tener la responsabilidad de la administración de la educación pública”.

En cuanto al caso del PIE, afirmó que, dado que el programa tiene su propia normativa y financiamiento «no hay ni habrá falta de atención a los niños con necesidades educativas especiales». Sumado a ello, mencionó que se hicieron compromisos con las organizaciones, dadas las exigencias de los padres, madres y apoderados, «para que no se desatiendan los estudiantes con mayores dificultades» durante movilizaciones, como habría sucedido con el paro docente y el estallido social.