Este jueves se cumple un año desde que la Corte Suprema falló en favor de la población afectada a raíz de la emergencia ambiental y sanitaria de 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví. El dictamen, que obligó a diferentes instituciones a tomar medidas para hacerse cargo del problema, casi no ha tenido avances.

Hace un año la Corte Suprema emitía un fallo histórico. En él, acogía el recurso de protección interpuesto por 12 recurrentes en favor de las personas afectadas a raíz de la emergencia ambiental y sanitaria que entre los días 21 y 23 de agosto, y 4 de septiembre de 2018, afectó a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví. La contaminación perjudicó a más de 700 personas –principalmente niños, niñas, adolescentes y adultos mayores- quienes resultaron intoxicados por la inhalación de gases provenientes de las industrias que operan en la zona.

En el fallo, la Corte Suprema obligó a diferentes instituciones a implementar 15 medidas para reparar los daños y enmendar el rumbo en los territorios azotados por ser una zona de sacrificio.

A un año de dicho fallo, los avances son prácticamente nulos. Así lo constata Marta Aravena, habitante de Puchuncaví y activista de Mujeres en Zonas de Sacrificio al señalar que “al cumplirse un año del fallo, vemos con mucha desilusión que al día de hoy el cumplimiento ha sido nulo por parte de las autoridades. Hemos tenido muchos peak de SO2 y vivimos permanetne con episodios críticos. Somos una comuna muy lastimada en la que no se han hecho los cambios estructurales que necesitamos”.

Ante este escenario, el diputado Diego Ibáñez decidió levantar una serie de iniciativas en pos de fiscalizar los avances y empujar las iniciativas asociadas al fallo. Dentro de ellas, el parlamentario elaboró una batería de seis oficios de fiscalización para revisar el estado de avance de las diversas tareas, organizará audiencias con ministerios y autoridades regionales para conocer el estado de implementación del fallo e impulsará un acuerdo para la tramitación de proyectos de ley ambientales.

“Los episodios de intoxicación en Quintero Puchuncaví han entregado uno de los impactos más explícitos de un modelo económico que relegó la vida de las personas a un segundo plano en pos de un desarrollo económico que pasa por encima de la salud de la población y también de nuestro medio ambiente. Por eso el fallo que publicó la Corte Suprema el año pasado fue una noticia alentadora, porque una institucionalidad al debe se intentaba poner al día con un pueblo y un territorio literalmente entregado al sacrificio”, indicó el parlamentario del Frente Amplio.

“Lamentablemente la realidad este año nos vuelve a golpear», agregó el diputado Ibáñez, precisando que «la bahía de Quintero ha sufrido varios varamientos de carbón y las alertas ambientales siguen encendiéndose periódicamente alternándonos de que la cantidad de dióxido de azufre sigue superando el máximo permitido. Asimismo, chocamos con que de la larga lista de tareas encomendadas por la Corte Suprema los avances son poco y nada. No existe un sentido de urgencia ni tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar digno para vivir. Hay que entender que las personas, en importante cantidad niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a vivir en un lugar libre de contaminación, y las instituciones debieran atender esa tarea con premura. La gente no puede seguir esperando”.

Manuel Pizarro Pérez, director del movimieto por la infancia de Quintero y Puchuncaví hace un llamado a respetar lo señalado por la Corte Suprema: “A un año del fallo vemos que nada ha sido real, porque segumios viviendo con peaks de hidrocarburos. Necesitamos que el Presidente haga valer su palabra, que haya un antes y un después, tal como lo dijo en la ONU”.

Los varamientos de carbón y los peaks de dióxido de azufre siguen siendo una constante para los y las habitantes de Quintero y Puchuncaví. La responsabilidad, ahora, está en manos de las instituciones del Estado.