“Expresamos nuestra especial preocupación por un sector que, siendo tremendamente valioso para la economía y para las familias chilenas, aún no recibe un apoyo del Estado que les permita mantener, ni siquiera parcialmente, sus ingresos”. Así comienza la misiva que esta mañana la representante de las Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal y las diputada mocionantes enviaron a la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, y el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Monckeberg, y a los subsecretarios del Trabajo, Fernando Arab, y de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal.

La presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal, planteó que “hemos sido tremendamente invisibilizadas, ni el Ingreso Familiar de Emergencia ni la Ley de Protección del Empleo han incluido una consideración especial con nosotras, que se haga cargo de proteger adecuadamente nuestros ingresos” y añadió que “nuestro sector, ni en tiempos normales ni extraordinarios, tiene acceso a las prestaciones del seguro de cesantía, sino que solo a una ‘indemnización a todo evento’, cotizada de una manera completamente distinta y con incentivos para retirarla constantemente”.

Es justo por las razones expuestas que las diputadas del Frente Amplio, Maite Orsini y Claudia Mix, en conjunto con las trabajadoras, presentaron hace casi cuatro meses el proyecto de ley “Cuida a quien te cuida”, que busca proteger a las trabajadoras, en especial, en momentos de pandemia.

“El objetivo que tuvimos a la vista a la hora de presentar el proyecto de Ley Cuida a Quien te Cuida no era solamente prohibir la invocación de la enfermedad contagiosa como causal de despido, sino que, fundamentalmente, asegurar un ingreso a las miles de trabajadoras de casa particular que no se han podido acoger a las leyes actuales para enfrentar la pandemia” comentó la diputada Orsini, de Revolución Democrática.

Por lo mismo, insistió en que “si ese objetivo fundamental se logra a través de la ley que presentamos hace ya casi cuatro meses, ideal. Sin embargo, le pedimo al Ejecutivo encarecidamente la posibilidad de incluir a las trabajadoras de casa particular en uno de los instrumentos que ya existen o cuyos procesos de reforma están en curso, como la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia u otra herramienta que consideren idónea para proteger los ingresos de las trabajadoras de casa particular en la pandemia”.

En la misma línea, María Cotal perseveró en la idea e hizo un llamado “a nuestras autoridades de gobierno, que tengan sensibilidad con nuestro sector, históricamente excluido de las leyes laborales y que hemos tenido que ir de manera individual a por ellas”.

En tanto, la diputada Claudia Mix (Comunes) insistió en que “esperamos que las autoridades empaticen con la situación dramática que están viviendo las trabajadoras de casa particular. La precarización laboral que lamentablemente siempre han enfrentado, se ha acrecentado producto de la pandemia. Las soluciones tienen que ser ahora, por lo que necesitamos que el Gobierno las incluya de forma urgente en alguno de los instrumentos estatales que han sido creados para resguardar los ingresos”.

“Además, quienes firmamos esta carta estamos impulsando el proyecto Cuida a Quien te Cuida, que busca protegerlas. Es por eso que le solicitamos al Gobierno que patrocine esta iniciativa, para que así pueda ser tramitada con celeridad en el Congreso. Las trabajadoras de casa particular no pueden esperar más”, agregó la parlamentaria.

«NECESITAMOS SOLUCIONES»

Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, llamó al Gobierno a “que nos diga cómo vamos a ver y solucionar la situación de miles de compañeras que haciendo uso de la ley de protección del empleo hoy en día no tienen cómo sobrellevar la economía de su hogar. A nosotras sólo se nos permite usar la indemnización a todo evento, cosa que hemos dicho en reiteradas ocasiones que es absolutamente insuficiente. Es muy poco lo que las trabajadoras logran tener en ese fondo, por lo tanto, a dos meses de iniciada esta situación a muchas ya se les acabó el dinero”.

“Le preguntamos al Gobierno cuáles son las medidas económicas específicas para este gremio de más de 300 mil mujeres. ¿Cómo se va a apoyar a las trabajadoras que no han tenido contrato de trabajo, porque no ha habido una real fiscalización? ¿Cuáles son las medidas económicas en las cuáles vamos a ser contempladas y cuáles son las medidas para que no se sigan vulnerando los derechos laborales que este gremio tiene?”, agregó.

Emilia Solís, presidenta del Sindicato Nacional Unitario Inter-Empresa Trabajadoras de Casa Particular, cuyas afiliadas en su mayoría son migrantes, señaló que “la situación laboral de las trabajadoras migrantes es más incierta, ya que su permanencia legal está siendo amenazada por los despidos. Sus visas son sujetas a contrato, si son finiquitadas pierden la visa y con ello las probabilidades de tener un contrato con otro empleador.  Al tramitar la legalización de sus documentos son multadas por no contar con contrato de trabajo”.

“La mayoría de las trabajadoras migrantes no cuentan con recursos para costear sus gastos básicos, incluido el arriendo. Ante esta situación, los arrendadores desalojan a las trabajadoras junto a sus hijos pequeños, quedando a la deriva, invisibles al gobierno y a las expensas de la caridad de las personas que generosamente les brindan apoyo”, puntualizó. En ese sentido, agregó que “solicitamos a los parlamentarios y al presidente de la República que considere a estos ciudadanos migrantes en los beneficios y en las políticas laborales que en algo puedan mitigar la precariedad en la que están viviendo las trabajadoras migrantes”.

Bernardina Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, declaró que “las trabajadoras de casa particular estamos siendo tremendamente afectadas en condiciones de salud, social y económica, producto de la pandemia que estamos viviendo. Nuestro sector no ha tenido ninguno de los beneficios que ha otorgado el Estado de Chile. Las organizaciones y sindicatos pedimos políticas públicas para poder paliar nuestra problemática en el sector”.

Finalmente, Juana Collado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de La Serena, afirmó que “muchas compañeras quedaron sin trabajo apenas empezó la pandemia y algunas sin contrato, por lo que se quedaron sin derecho a nada, a ningún beneficio. Hay compañeras que trabajaron 11 años sin contrato, cumpliendo contratos de 9 a 9, las despidieron y quedaron sin ningún peso”.

“Con la indemnización a todo evento, que equivale al 4,11% del sueldo, a nosotras no nos alcanza, porque es muy poca la plata. Si una tiene un año cotizando son más o menos 130 o 150 mil pesos. A una compañera la despidieron con el 4,11% y tenía cerca de 150 mil pesos acumulados, por lo que el primer mes recibió cerca de 80 mil pesos, y después cerca de 30 mil pesos. Con eso a una no le alcanza a vivir. Es bien cruda la realidad que pasa acá en las regiones y por eso estamos en la lucha para por lo menos tener un ingreso mínimo solidario para las trabajadoras”, concluyó.