Los políticos y autoridades de la ciudad de Valparaíso han dicho durante años que la industria portuaria es la que genera a lo menos el 30% del trabajo en la ciudad, cuestión que toma gran relevancia ahora que la mayoría de las demás industrias han vuelto a foja cero producto del encierro por causa de la recesión y la peste. Sin embargo, la “gestión empresarial” de esta industria está dejando bastante que desear ya que los números indican más que nada desidia, flojera, incapacidad u otras categorías que no voy a nombrar, pues al momento de comparar los mismos números con nuestros vecinos -el puerto de San Antonio-, muestran mejores resultados que evidentemente visibilizan que algo huele mal en la administración del puerto de Valparaíso y también de las empresas concesionarias.

Uno puede pensar que es flojera o ignorancia, en el mejor de los casos falta de información, malas asesorías, o derechamente que no les interese la ciudad y menos su gente, pues quienes tienen la responsabilidad de analizar los números y defender la ciudad ante tal caída de esta industria podrían, a lo menos, cuestionar o preguntarse por qué es de tal magnitud la baja. Sin embargo, ante este desastre han guardado silencio cómplice pues la disminución de carga no solo afecta a los que trabajan en la orilla, sino a toda la cadena logística de la ciudad, la que se ha visto afectada en casi la mitad de sus ingresos, lo que implica menos dinero circulante en manos de las familias porteñas, y más pobreza

Es vergonzoso que una de las empresas portuarias concesionadas más de 20 años siga cobrando una tarifa que fue inventada, que solo encarece las faenas y hace menos competitiva la concesión mejor equipada de la ciudad, que es una de las razones de haber perdido más de dos millones de toneladas en este semestre en comparación con el 2017/2018, cuestión que todos los gremios de la cadena logística conocen. Sin embargo aceptan, sabiendo que esto afecta el territorio donde hacen sus negocios. Otra rareza del silencio es lo poco que importa a los dirigentes de los trabajadores portuarios de TPS que sus asociados no tengan turnos y que esto afecte sus salarios.

Las agrupaciones, como la Cámara Aduanera, que tiene la sede en el casco patrimonial de la ciudad, Anagena, más conocida como la «cámara chica», los camioneros, al igual que los consejeros regionales elegidos por esta ciudad y el municipio han guardado un silencio imperdonable ante estos hechos y esto demuestra la falta de arraigo de estos empresarios con el territorio, y de los políticos con la gente.

Falta una autoridad que haga la pregunta correcta: ¿Por qué sigue el mismo gerente en el TPS, cuando lo logrado en estos seis meses es solamente 3,3 millones de toneladas, cifra que es casi la mitad del año 2017 y 2018? Asimismo, mientras acá tenemos una pésima gestión en cinco años, Puerto Central de San Antonio, la empresa de los Matte y ahora de los árabes, creció desde el 2016 de 700 mil toneladas a 3,4 millones de toneladas en el recuento de este semestre. La respuesta es lógica: genera ganancias sin tener movimiento de carga.

Cuesta entender que la gerencia de la estatal del Puerto de Valparaíso, que el directorio de EPV y el presidente de la misma no informen a la ciudad, no transparenten las cifras y no indiquen cómo lo mejorará o cómo detendrá este deterioro. Al parecer, todos ellos han renunciado a su deber en este caso específico, a ser superintendencia, y como estos puestos son de confianza exclusiva del Ejecutivo, vendría bien un cambio, una limpieza, si es que se puede. De no ser así, la comunidad logística debiese ser más enérgica y defender la única industria que nos va quedando.