El recurso de protección fue presentado por el Consejo de Defensa de Forestal, Viña del Mar, por incumplimiento de las observaciones que la Contraloría Regional de Valparaíso hiciera a la autoridad en materia de transporte en el año 2017.

“Ayer fue un día excepcional no sólo para Forestal, también para Viña del Mar y todo el Gran Valparaíso. Ayer la Corte Suprema, en un fallo inédito, finalmente acogió nuestro recurso de protección presentado en contra de la autoridad de transportes de nuestra región (Seremitt de Valparaíso) por su negligencia y abandono de sus deberes de fiscalización y supervigilancia al transporte público de pasajeros en perjuicio del bienestar, la integridad y calidad de vida de nuestra población”.

Con este texto parte el comunicado del Consejo de Defensa de Forestal (Codefo) celebrando el fallo de la Corte Suprema en el cual ordena a la autoridad de transportes dar «estricto cumplimiento» a las observaciones que la Contraloría Regional de Valparaíso le hiciera en el año 2017, las que incluían entre, otras cosas, la orden de realizar la licitación de vías del Gran Valparaíso “ilegalmente postergada durante casi una década, amparando prácticas monopólicas y graves vulneraciones a los derechos de los trabajadores del transporte”. La organización acusa también falta de voluntad por parte de la autoridad, ya que ni siquiera habrían existido las bases para una eventual licitación.

La Corte Suprema ordena, además, «proceder conforme a derecho» respecto de las infracciones cursadas a Viña Bus S. A., ‘ejerciendo sus atribuciones de supervigilancia, control y fiscalización en la forma que establece la ley’, en otras palabras, que cumpla con su mandato legal y deje de jugar en el equipo de los poderosos e infractores de cuello y corbata”, continúa el comunicado.

Jenny Carreño, presidenta de Codefu, explicó que la determinación de presentar el recurso tuvo su origen en la jerarquización que se hizo, “en asamblea, con todas las organizaciones que conforman el Consejo de las principales problemáticas. Partimos con el tema del transporte debido a la licitación que se había anunciado en 2016” y también debido a los reiterados accidentes producto del incentivo de choferes trabajando por comisión o una cuota diaria de boletos cortados, cuyas carreras y competencia por pasajeros hace peligrar a toda la ciudadanía.

“En marzo de 2017 presentamos un reclamo ante la Contraloría y a las autoridades de gobierno correspondientes presentando todas las dificultades que teníamos con el tema del transporte y reclamando la no actuación de la Seremi en función del rol que le corresponde por ley, que es la supervisión, vigilancia y fiscalización, cosa que no se hace porque los buses no pasan con la frecuencia que deben, dejan de pasar después de las horas punta, los fines de semana tampoco pasan, hacen el recorrido que quieren sin hacer todo el trayecto con la finalidad de solo ocupar las horas punta y recaudar lo que más pueden sin cumplir la función última que es ser un servicio público”.

Solo se recibió respuesta de la Contraloría, agrega Carreño, en cuya resolución “no solamente encontró falencias como las advertidas, es decir, frecuencias y recorte de recorridos, sino otras también, como múltiples infracciones y multas impagas, que no se cumplían los seguros obligatorios y específicos, y choferes sin contratos laborales. Y lo otro, la licitación, porque encontró que las prorrogas que se usaban como herramienta legal para justificar no llevar a cabo eran ilegales y le ordena a la Seremi realizar la licitación, cosa que no se ha cumplido”.

Cabe recordar que el Transporte Metropolitano de Valparaíso no se ha licitado desde el año 2011 y, tras la última prórroga que venció el 8 de julio de 2019, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones otorgó un nuevo plazo de extensión hasta el 8 de enero de 2021, o hasta la entrada en vigencia del “perímetro de exclusión”. Esta medida otorga preferencias a los actuales operadores del transporte público del Gran Valparaíso y se emplea como alternativa a la licitación ya que, mientras cumplan con las condiciones, no se llamará a nuevos concursos. Como consecuencia, se ha impedido la libre competencia, asegurando el negocio a los actores actuales, como la empresa Viña Bus S.A. que acumula diversas irregularidades y múltiples reclamos en su contra.

El Perímetro de Exclusión está consagrado en el artículo 3° de la Ley N° 18.696, y consiste en “la determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los servicios de transporte público que operen en la respectiva área y por un plazo determinado, el cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, y otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas, estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras”.

La consejera regional Nataly Campusano, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones sus críticas a la gestión de la Seremi y Ministerio de Transportes en la materia, comentó que “lamentablemente, es un cuento de nunca acabar las dificultades que tiene nuestro transporte público”, resaltando que “lo de público habría que ponerlo entre comillas”. Lo concreto, destaca la consejera del Frente Amplio, es que “no se quiere efectuar la licitación que por mucho tiempo la ciudadanía, los usuarios están solicitando, y también el mundo del transporte y los trabajadores con el propósito de mejorar el servicio”.

“Sin ninguna duda, un verdadero triunfo judicial frente a los representantes del poder, frente al Consejo de Defensa del Estado, a la Seremitt de Transportes y a Viña Bus S. A., coludidos en defensa de mezquinos intereses y de un sistema que barre con la dignidad de nuestra gente y de los trabajadores, fundado en el lucro sin límite y la codicia. Pero más que eso, fue el triunfo del pueblo organizado y perseverante, capaz de empoderarse y luchar por sus derechos, por el presente y futuro de sus comunidades”, concluye el comunicado de Codefo.