«Despertamos para que por fin cambiemos lo que ellos nos decían que era normal y es tiempo de comenzar a caminar hacia un buen vivir equilibrado, donde no humanicemos el mal vivir y lo reemplacemos por uno de bienestar con garantías de verdad, en lo humano, ecosistémico y colectivo”.

Vivíamos en una sociedad que despertó de la normalidad injusta, donde el bienestar no era parte de la sobrevivencia. Nos adoctrinaron para ser seres grises que se endeudaban y vivían para echar a andar la máquina neoliberal, dejando muy atrás el rol de lo comunitario en nuestro desarrollo con el otro. Sin embargo, el estallido nos hizo chocar de frente con esta realidad, donde los territorios demostraron no ser lugares estáticos ni abnegados para satisfacer al centro, sino que nos enseñan a diario a recuperar el significado de la construcción colectiva como piso mínimo para el buen vivir.

Pero esa declaración de principios para iniciar el cambio desde las comunidades debe también llegar a los espacios de incidencia sustantiva en nuestro sistema político-social. Debemos evidenciar los desafíos de la gobernabilidad hoy para mirar con mejores ojos al futuro, identificando los puntos críticos desde donde se gestan y amplían las brechas dentro del país. Y para acceder a estos cambios, es necesario involucrarse.

El pueblo se manifestó en las calles y en las urnas con un grito firme y arrasador que exige un nuevo pacto social. Entonces, para seguir avanzando y contemplando todas las demandas que vienen fraguando desde décadas, llegó el momento de que los territorios pasen a la ofensiva en el escenario constituyente.

Urge colocar tutela jurídica a los derechos, principios y valores que van a integrar el texto constitucional, para que estos sean los pilares fundamentales sobre los que descansen el desarrollo y visión del país. Estos tres factores revisten de gran relevancia en relación a la naturaleza, las comunidades, los pueblos y nacionalidades, y los derechos vinculados a ellos: el buen vivir, el reconocimiento plurinacional y la naturaleza como sujeto de derecho.

Por otro lado, cuando pensamos en cómo queremos vivir, la respuesta siempre es «vivir mejor«. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa seguir sosteniendo la vida en los términos del capitalismo, del consumo más agresivo?, ¿de poder estar más activos dentro del mismo modelo que ya está anclado a nuestra estructura social? Lo que debemos proponernos es alcanzar y conquistar el Derecho al Buen Vivir, entendiendo que implica el acceso universal al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad social.

Como dice, Norman Wray: “El ‘Buen Vivir’ presupone que el ejercicio de los derechos, las libertades, capacidades, potencialidades y oportunidades reales de los individuos y colectivos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser humano universal y particularmente a la vez- valora como objetivo de vida deseable”.

Además, implica también vincular el goce efectivo de los derechos, la interculturalidad, las diversidades y la armonía con la naturaleza. Es evidente que el Estado tendrá que abrir espacios de diálogo franco y genuinamente intercultural para que sus acciones se orienten efectivamente hacia este fin.

Una alternativa al modelo económico imperante basado principalmente en la extracción y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, que han causado graves impactos ambientales y sociales que, a su vez, han afectado en lo local, pero también en lo global, si nos referimos a las evidentes señales de cambio climático. Debemos sostener como idea emancipadora el sobrevivir en un país que debe ser resiliente.

La transición post extractivista debe sugerir que se puede alcanzar implementando la soberanía energética; es decir, tener la capacidad de producir energía sustentable y renovable a través del aprovechamiento del potencial hidráulico, solar, eólico y geotérmico que tiene el país. Pero además, desde este enfoque se aboga por la implementación de políticas de carácter económicos y social que beneficien las economías comunitarias con la redistribución de tierras, la soberanía alimentaria y la redistribución de la riqueza e ingresos. El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad. El territorio de las provincias forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas.

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales para, así, contribuir a la realización del buen vivir.El Estado debe ser facilitador del bienestar común y garante del desarrollo humano en todos los niveles, así como el respeto a la naturaleza otorgándole derechos que se consagran en el texto constitucional. Se debe canalizar desde una planificación nacional , consolidar un Estado democrático , participativo, propiciar la equidad, la inclusión, la diversidad, mejorar la calidad de vida de los territorios y la población con derecho a la ciudad y a la ruralidad, bajo políticas reales.

Despertamos para que por fin cambiemos lo que ellos nos decían que era normal y es tiempo de comenzar a caminar hacia un buen vivir equilibrado, donde no humanicemos el mal vivir y lo reemplacemos por uno de bienestar con garantías de verdad, en lo humano, ecosistémico y colectivo.

Bárbara Astudillo Delgado
TENS en Salud
Activista Ecofeminista
Investigadora de Fundación Territorios Colectivos