Tras reunirse con más de 50 organizaciones de la pesca artesanal en Chile, los parlamentarios definieron una agenda de trabajo que contempla comenzar la tramitación en máximo un mes más.

Los impulsores de la nulidad de la Ley 20.657, conocida como la “Ley Longueira”, Jorge Brito (RD) y Marcos Ilabaca (PS) anunciaron un intenso trabajo legislativo para recuperar la soberanía de Chile sobre los bienes naturales comunes del mar. La iniciativa comenzó con un encuentro con más de 50 representantes de la pesca artesanal, desde Arica hasta la zona austral de Chile.

“Hemos definido una agenda de trabajo en conjunto que tiene distintas etapas, pero se resume en un compromiso que hemos adoptado con el diputado Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, para que, en a lo más un mes, comencemos la tramitación de la anulación de la Ley de Pesca”, explicó Brito.

Los parlamentarios señalaron que la nulidad no es sólo por la polémica de las redes de corrupción de la industria pesquera en el Congreso, tras el fallo de los tribunales con sentencias a políticos por cohecho y corrupción, sino también por el vacío que se puede generar en términos de legislación. “Por eso estamos trabajando junto a las organizaciones en indicaciones que permitan abordar con responsabilidad la nulidad. Es un compromiso para restablecer el estado de derecho en una ley que fue hecha con corrupción, pero también porque es una necesidad en la protección de los ecosistemas marinos y de la pesca artesanal”, agregó el diputado frenteamplista.

Por su parte, Ilabaca afirmó que “la Ley de Pesca nació con un vicio original. Y este vicio original es la causa por la cual necesitamos anularla. Nunca la corrupción puede ser base de la generación de las leyes en nuestro país. Por eso, en conjunto con el diputado Brito estamos desarrollando un proceso de escucha y conversación con los pescadores de nuestro país, porque necesitamos construir una ley que en definitiva logre solucionar los graves problemas que la pesca artesanal está viviendo”.

El plan contempla salidas a terreno y audiencias parlamentarias con representantes de la pesca artesanal e industrial del país. La ofensiva legislativa ya ha generado reacciones en el Gobierno y la pesca industrial, la cual se ha desplegado con una campaña publicitaria que busca mejorar la valoración pública de la industria pesquera del país.