Presentan proyecto de ley que busca regular construcciones de proyectos inmobiliarios en zonas rurales

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, junto a los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alfonso De Urresti (PS) presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo regular las construcciones de proyectos inmobiliarios en predios rurales. Con esta iniciativa se espera aportar para que el desarrollo de las ciudades se realice con estándares que eviten la degradación de la biodiversidad y dificulten el acceso al agua en las localidades rurales.

Al respecto, el senador Latorre felicitó «el trabajo y liderazgo de la alcaldesa Carla Amtmann en Valdivia, que al poco tiempo de asumir la alcaldía, ha entrado a regular un negocio inmobiliario que afecta la ruralidad y, al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que esa realidad local de Valdivia también se repite en otros municipios, en otras comunas, en otras regiones del país».

A su vez, el parlamentario del Frente Amplio agradeció «el patrocinio, la autoría del proyecto del senador Alfonso De Urresti de la Región de Los Ríos, que nos ha invitado al senador Montes, a la senadora Muñoz, al senador Sandoval y a mí a presentar este proyecto de ley para ser tramitado en la Comisión de Vivienda del Senado. Sin duda, tenemos un desafío como país del ordenamiento territorial; los proyectos inmobiliarios tienen que subordinarse de alguna manera a una regla de bien común, del respeto al medio ambiente, del conflicto del agua, la gestión sustentable de los recursos hídricos, la participación ciudadana, mantener el ecosistema de las comunidades rurales. Eso, sin duda, será profundizado en la Convención Constituyente pero, mientras tanto, nuestro deber legislativo es hacernos cargo de esta realidad, instalarlas en el debate legislativo y, en este caso, en la Comisión de Vivienda del Senado”.

La alcaldesa Carla Amtmann, quien sostuvo una reunión a primera hora con el Ministro de Vivienda, comentó que “desde el municipio de Valdivia estamos muy contentos y conformes del trabajo articulado que hemos podido realizar con senadores de la República a propósito de algo que está afectando no solamente a Valdivia, sino que a todo el territorio nacional y dice relación con que por mucho tiempo hemos tenido un comportamiento de proyectos inmobiliarios en zonas rurales por fuera de la legislación. Se está faltando no solamente a la ley de urbanismo, sino que también se está dañando a nuestro medio ambiente, pasando a llevar a muchas comunidades indígenas y dañando elementos tan esenciales como el origen de las napas subterráneas, nuestra selva valdiviana y tanto más”.

Amtmann agregó que “en particular, nosotros en Valdivia hicimos un hecho que constituyó hacer cumplir la ley, un decreto de paralización de 6 proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana, proyectos que no solo no estaban cumpliendo con la legislación sino que también estaban dañando nuestro medio ambiente. Eso ha tenido varias repercusiones, no sólo la paralización de estas obras, sino también por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado ha levantado una querella criminal, pero nos hemos dado cuenta y conversado con parlamentarios de que no es un problema solo de Valdivia, sino de todo el país. Por esto se ha ingresado un proyecto de ley que busca que se pueda regularizar la división con fines inmobiliarios en zonas rurales y para eso hemos tenido un trabajo conjunto con el senador Latorre y Alfonso De Urresti. Estamos conformes, nos alegramos que desde los municipios y problemáticas locales podamos hablarle al país entero”.

El senador Alfonso De Urresti explicó que “los proyectos de ley surgen, precisamente, de experiencias, de realidades concretas. En Valdivia se ha hecho un decreto de paralización de seis proyectos inmobiliarios por parte del municipio, encabezado por la alcaldesa Amtmann. A contar de eso, y de reuniones con las comunidades de consulta ciudadana, de reunión con los vecinos, con juntas de vecinos, comités de agua potable rural y otras organizaciones, nos dimos la tarea de trabajar un proyecto de ley junto al senador Latorre, al senador Carlos Montes, al senador Sandoval y a la senadora Muñoz para poder regularizar este tipo de situaciones. No es posible que, de la noche a la mañana, existan subdivisiones, afectando el medio ambiente, afectando el uso del suelo, afectando las comunidades aledañas. Y en ese sentido, luego ya realizado en Valdivia, tiene que ser un instrumento, tiene que ser un ejemplo -a través de una ley-, de poder proyectarnos en Chile, de poder proyectarnos -a través de una ley- para regular este tipo de situaciones. No es posible».

«No es posible que en nuestro territorio los polos de desarrollo fuera del límite urbano se conviertan hoy día en un dolor de cabeza para muchos municipios, asentamientos ilegales, afectación del medio ambiente, afectación de las napas subterráneas y otros ecosistemas. Por eso, hemos presentado este proyecto, que esperamos que sea respaldado por el Ejecutivo y transversalmente se convierta en ley de la República», concluyó el senador socialista.

PROYECTO DE LEY

Según indica el texto de la iniciativa, «el objetivo general del proyecto de ley es poder regular las construcciones de proyectos inmobiliarios en las zonas rurales. Para este cometido, en primer lugar, se busca proteger el uso de los suelos rústicos evitando que aquellos terrenos definidos por las autoridades locales y regionales (por medio de uso de las herramientas de planificación territorial) cambien su uso agrícola, ganadero o forestal por uno habitacional».

Por otro lado, «esta moción parlamentaria tiene como objetivo generar una mejor coordinación entre los diferentes organismos públicos vinculados en esta temática (…)  De esta forma, los organismos públicos involucrados (MINVU, Municipalidades y Gobierno Regional) tendrán una mirada conjunta del desarrollo urbano y rural del territorio, permitiendo dialogar en torno a los procesos expansivos de la urbanidad y a la necesidad de definir y cuidar los diferentes terrenos rurales».

En tercer lugar, el proyecto de ley «busca otorgar responsabilidad penal y ambiental a los notarios y conservadores de bienes raíces que autoricen o inscriban, respectivamente, escrituras públicas de enajenación o cualquier acto o contrato que recaiga sobre acciones y derechos inferiores a 0.5 hectáreas, en los casos en que dichas acciones contravengan lo dispuesto en el Decreto N°3.615. Misma sanción penal y ambiental se le otorgará a los propietarios, loteadores y urbanizadores que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones».

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