- Fue una compraventa de más de 2.400 millones de pesos que realizó la Municipalidad por medio de contratación directa en 2023.
Un sumario administrativo anunció la Contraloría General de la República (CGR) para determinar eventuales responsabilidades en el marco del proceso de compra de un terreno de más de 2.200 metros cuadrados, por un valor superior a los $2.400 millones por parte de la Municipalidad de Zapallar para la construcción de nuevas dependencias municipales. 
Esto tras la entrega de antecedentes que realizaron los diputados del Frente Amplio, Diego Ibáñez y María Francisca Bello, apoyados por el concejal Reinaldo Fernández, en septiembre de 2023. En el detalle, son cuatro las denuncias sobre esta compra: el precio pagado; la no entrega al Concejo Municipal de los informes de tasación del terreno; que sólo se dieron a conocer al Concejo Municipal fragmentos del contrato de compraventa, y por último, que existían otros inmuebles del Municipio que podían ser usados. Si bien sobre esto último la Contraloría se abstuvo de emitir un pronunciamiento, a juicio del ente contralor, los puntos anteriores sí ameritan un sumario, por lo que en el informe que envió a los parlamentarios del Frente Amplio señala que iniciarán un sumario administrativo “a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos”.
Al respecto, el diputado Diego Ibáñez manifestó que “en nuestro rol de fiscalizadores, denunciamos estas irregularidades graves en la compraventa de un predio realizada por la Municipalidad de Zapallar por medio de contratación directa, por un monto superior a $2.400 millones. La Contraloría General de la República revisó los antecedentes de este caso y han constatado que existen varias irregularidades en el proceso de compra del predio”. 
“El avalúo comercial del predio supera entre tres y cuatro veces el avalúo fiscal, sin que los tasadores hayan presentado antecedentes para justificar esta discrepancia. La Municipalidad realizó la oferta sin tener conocimiento de la última tasación del predio; no se presentaron al Concejo Municipal los antecedentes suficientes para votar la promesa y la compraventa; no existen antecedentes que acrediten la necesidad de la contratación directa”, recalcó el parlamentario del FA.
Finalmente, sostuvo que “esperamos que se tomen las medidas necesarias para esclarecer este caso y se adopten las acciones correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Es importante destacar que estas irregularidades pueden tener graves consecuencias para la transparencia y la eficiencia en la gestión pública”.
Por su parte, la diputada María Francisca Bello enfatizó en que «la probidad de una Municipalidad es un mínimo exigido por la ciudadanía y el caso de Zapallar nos recuerda la importancia del rol fiscalizador de quienes somos diputados. Llevamos más de un año y medio exigiendo respuestas en torno a la compraventa de un inmueble ubicado en la comuna, donde señalamos varias irregularidades ante la contratación directa. Hoy la Contraloría confirma que existieron anomalías que no se deben pasar por alto y que deben existir sumarios internos para encontrar responsables”.
Sobre el anuncio de sumario, destacó que “es una noticia positiva, pues nos permite avanzar en administraciones transparentes en nuestras comunas, donde son las municipalidades los primeros espacios que conocen los y las vecinas para solucionar sus problemas y que deben contar con los más altos estándares de servicio público y probidad». 
Asimismo, el concejal Reinaldo Fernández, quien fue el único que rechazó la propuesta de compra del terreno, se refirió al proceso en el Concejo Municipal detallando que “el valor que se presentó ante este órgano colegiado, consideré que estaba sobrevalorado, además en cómo se desarrolla y plantea al honorable Concejo dicha compra, lo encontré muy ligero y rápido; no recibí físicamente las tasaciones comerciales y sólo extractos del contrato de compra y venta en una presentación súper fugaz”.
“En nuestra comuna tenemos terrenos ya adquiridos previo a esta compra que estaban disponibles para construir oficinas municipales, entendiendo que existen otras prioridades, como viviendas sociales para nuestra gente”, agregó el concejal Fernández, quien además valoró la resolución de Contraloría argumentando que “es muy necesario que se realice y que el proceso de buscar responsables sea eficaz, para transmitir transparencia a nuestra comunidad y el país”.