“Nos deja perplejos la indolencia con que operan”, señaló uno de los abogados del estudio jurídico demandante en relación a la negativa de estas tres entidades de participar en la indemnización por las negligencias que permitieron la muerte de Fernando Canales.
(Por Octavio Soto Ormeño)
La decisión de iniciar trámites judiciales se determinó una vez obtenidos los resultados de los peritajes de la Policía de Investigaciones, Carabineros e Inspección del Trabajo, que evidencian, según señala el equipo jurídico denunciante, graves carencias de seguridad. A través del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso se impulsó la demanda por 800 millones de pesos en contra de los canales y el municipio representantes del evento y las empresas Producciones y Promociones Bizarro (contratista) y Rigging Up (subcontratista), esta última empleadora directa de Canales.
Después de suspendidas dos instancias, recién el pasado 8 de enero se realizó la primera audiencia del caso, que no llegó a acuerdos. Por el contrario, los canales y el municipio negaron que la existencia de una relación laboral con el fallecido y no ofrecieron nada. Tampoco Rigging Up, que manifestó no contar siquiera con el 1% de lo solicitado en la demanda.
Bizarro SpA fue la única parte que ofreció indemnización de un monto máximo de 30 millones, que no fue acogido debido a la negativa de las otras partes de participar del proceso y por ser una suma baja, en comparación a los 3 mil millones de pesos que recibió la empresa por su labor en el Festival de Viña.
Si bien el técnico trabajaba directamente con una de las empresas, todas las que verticalmente se relacionen con su contratación figuran ante la ley como ‘responsables solidarios’ en caso de que esta empresa no haya tomado las medidas de seguridad respectivas. Así lo explicó Patricio Aranibar, uno de los abogados del estudio jurídico que representa a la familia de Fernando Canales: “La ley los pone en la situación de agotar todos los medios posibles para asegurar que la seguridad es la suficiente. Claramente el resultado fatal es negligencia de estas empresas”.
Según el jurista, en el caso presentarán evidencias -aún bajo confidencialidad- de las negligencias que fueron registradas en los peritajes posteriores al fatal accidente. Cuentan también con testimonios de compañeros de trabajo de Fernando, que señalan que usaba un arnés que se compró él mismo, ya que no fue provisto de uno por su empleador. Aseguran además que el sector donde él estaba trabajando cuando cayó era llamado “el pasillo de la muerte”; según testificaron, allí no existían medidas de seguridad, específicamente, puntos de enganche para impedir una caída fatal.
Ante los resultados de la primera audiencia, Aranibar reconoció que desde el equipo jurídico, que ha trabajado con ambos tipos de clientes, les sorprende y les parece impresentable la “frivolización del caso” desde la contraparte. “Nos deja perplejos la indolencia con que operan estas empresas”. “Juegan al desgaste”, dijo, frente a lo cual aseguró que el estudio jurídico cuenta con los recursos humanos y monetarios para llevar el caso, si es necesario, hasta la Corte Suprema, “aunque tome tiempo”.
