En diciembre de 2019 se realizó la ceremonia de despedida del abogado Hugo Dolmestch como ministro de la Corte Suprema, quien luego de cumplir 75 años de edad dejó su cargo en el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Es así como desde hace algunos meses está en curso el proceso que designará el reemplazante en este fundamental cargo en el poder judicial.
En marzo del año en curso, el Ministerio de Justicia recibió una propuesta, elaborada desde la misma Corte Suprema, con cinco candidatos al vacante puesto, los seleccionados fueron Jessica González, Mario Carroza, María Soledad Melo, Sergio Mora y Raúl Mera, este último parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El Ejecutivo es quien decide y, luego de definir al ministro y presentarlo oficialmente ante el Senado, debe ser aprobado por la Cámara con 29 votos, vale decir dos tercios del total.
Durante 2018, Mera estuvo por rechazar un recurso presentado por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar en torno a la indiscriminada labor en la construcción del Hotel Punta Piqueros, que afectó directamente al borde costero de Concón, específicamente la Roca Oceánica, considerada Santuario de la Naturaleza.
Esto se suma a lo sucedido en 2019, cuando la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el magistrado, rechazó una serie de recursos de protección a favor de los vecinos de la zona de sacrificio en Quintero y Puchuncaví, luego de varios episodios de intoxicación masiva por la constante contaminación en el sector. Ellos no son los únicos casos, la lista suma y sigue.
“Tuvimos la oportunidad de toparnos con él en nuestra lucha ambiental y urbanística, conociendo una serie de fallos y situaciones en la que este juez permanentemente ha tenido una postura pro empresa, beneficiando constantemente a quienes se han encargado de destruir la naturaleza (…) el señor Mera no ha estado a la altura en la defensa de las personas ni del medioambiente”, manifestó Madariaga, agregando que como agrupación ya se están tomando medidas frente al hecho.
“Como organización de la sociedad civil hemos solicitado audiencias con cada uno de los jefes de bancada de las diversas fuerzas políticas presentes en el Senado con la intención de dialogar en relación a nuestras aprehensiones como Corporación Pro Defensa desde el ámbito ambiental y patrimonial en torno a esta grave situación, que nuevamente beneficia los intereses de unos pocos”, concluyó el portavoz.
