El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador Juan Ignacio Latorre, hizo público su voto en contra de la designación del juez, agregando que le preocupan también las señales que está dando el Gobierno en materia de derechos humanos con los cuestionados nombramientos a su gabinete.
A pocos días de verse el tema en el Senado, diversas agrupaciones ligadas a los Derechos Humanos, como Londres 38, Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Fundación Víctor Jara, entre otras, además de personas vinculadas al mundo político, social y medioambiental, levantaron la voz y firmaron una carta en rechazo al nombramiento de Raúl Mera como Ministro de la Corte Suprema e hicieron un llamado a los integrantes de la Cámara Alta para que rechacen esta nominación.
“Los antecedentes con los que cuenta la sociedad sobre sus opiniones en materia de Derechos Humanos, medioambiente y derechos sociales, nos convencen que no está a la altura de la realidad jurídica, moral y justicia social que requiere nuestro país” expresa la carta en uno de sus párrafos.
“Me parece que hay cuestionamientos muy fundados de diversas organizaciones de derechos humanos, sociales y ambientales, por una serie de fallos en su historia: fallos relacionados con la violación a los derechos humanos en dictadura, por otro lado con Puchuncaví Quintero, la contaminación en la zona de sacrificio, el derecho humano al agua en Petorca”, sostuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador Juan Ignacio Latorre (RD), agregando que hay antecedentes que dan cuenta que este nombramiento “estaría muy cuestionado desde el ámbito de los derechos humanos y ante la importancia que tiene un juez de la Corte suprema en asuntos públicos, en asuntos que afectan las políticas públicas”.
Finalmente, el senador Latorre señaló que “me preocupan las señales que este gobierno está dando en materia de derechos humanos, por ejemplo, al indultar a criminales de lesa humanidad, me preocupa el conflicto abierto que hay en Wallmapu, la huelga de hambre de los comuneros mapuche, los presos políticos de la revuelta, donde detrás del estallido social ha habido violaciones a los derechos humanos masivas, generalizadas por parte de agentes del Estado. Ahí el Estado tiene una deuda en verdad, justicia y reparación a las víctimas y creo que de todo de alguna manera está relacionado: estas señales, estos nombramientos, estos perfiles de esta derecha, de este nuevo gabinete de la derecha conservadora y del rechazo”.
