Es difícil pensar en un dolor más grande que la muerte de un hijo o hija. El dolor se agrava, como si eso fuera posible, cuando la muerte no se produce en circunstancias naturales; o sea, cuando se trata de un accidente que pudo prevenirse (un atropello, por ejemplo) o cuando hay terceros involucrados (un asesinato en la calle a manos de un delincuente). Pero la situación es aún más terrible –de nuevo como si eso fuera posible– cuando la muerte y las circunstancias que la rodean se tiñen de mentiras y engaños, de la intención deliberada de ocultar algo para, y esto resulta cada vez más notorio en dichos casos, proteger a alguien o algo. Cuando quien oculta y miente es una institución del Estado, la situación nos debe resultar insoportable.

El “servicio” militar lleva ese nombre precisamente por eso, porque se trata de la decisión (ya no es obligatorio como solía serlo) de prestar un servicio –en este caso en el ámbito militar– al país. En el caso de los jóvenes que hoy toman ese camino, con mucha frecuencia cuentan con la bendición de su padre y/o madre, quienes ven en la institución militar –por lo general basándose más en mitos y en una buena publicidad que en la realidad– un lugar donde sus hijos aprenderán algo, cuando menos disciplina, valor, compromiso y rigor.

Los relatos que llegan de los conscriptos involucrados en el reciente caso sucedido en Putre, donde el joven de 19 años, Franco Vargas, perdió la vida en circunstancias que aún no se han aclarado, son desgarradores: maltrato, insultos, torturas físicas y psicológicas, degradación y crueldad sin límites. Sin embargo, y es triste decirlo, no hay nada nuevo (y no sorprende) cuando recordamos todo aquello con lo que convivimos quienes luchamos contra la dictadura de Pinochet en los años ochenta.

Más o menos entre 1983 y 1989, decenas de miles de jóvenes entre 15 y 30 años en todo el país decidimos que no podíamos “vivir” de manera normal mientras en Chile existiera una dictadura. Resultaba imposible solo dedicarse a estudiar, trabajar y formar familia dadas las condiciones de oprobio, injusticia, terror y miseria –en el amplio sentido de la palabra– en las que el régimen nos obligaba a vivir. Fue así como, y este es solo un ejemplo entre miles, en julio de 1986 fue asesinado Rodrigo Rojas Denegri, y Carmen Gloria Quintana resultó con casi la totalidad de su cuerpo quemado. Ambos tenían 19 años.

En ese entonces, la muerte de Rodrigo y las lesiones de Carmen Gloria también estuvieron rodeadas de mentiras, ocultamiento de información e incluso la acusación de que “se habían quemado solos” por tropezar con los implementos que llevaban para encender una barricada. Sin embargo, todos sabíamos la verdad: una patrulla militar los roció con bencina, les prendió fuego vivos y luego los arrojó en un sitio eriazo para que murieran y, de ese modo, no quedara rastro de ese crimen.

Recién en enero de este año (2024), a 38 años del hecho, 10 militares en retiro fueron condenados con penas que van entre los 10 y los tres años de presidio. Al respecto, Carmen Gloria Quintana señaló lo siguiente: “La familia de Rodrigo, mi familia, los abogados y yo, debimos luchar contra innumerables mentiras que trataban de encubrir la responsabilidad militar en este crimen, partiendo por el mismo dictador, los civiles de derecha que gobernaban con él, las consiguientes mentiras de los militares y los tribunales militares”.

Treinta y ocho años después, haciendo el servicio militar voluntariamente, un joven de 19 años muere en circunstancias que, a más de dos semanas de distancia, aún no se aclaran y están rodeadas de mentiras. La intención de la institución de encubrir y proteger a el o los asesinos es evidente. ¿Será que no se ha aprendido nada y el mal está profundamente enquistado y es ya institucional?

Irene Alvear Azcárate
El Tránsito, Huasco Alto