La fundadora de la bancada transversal Regulación por la Paz y activista por la regulación del cannabis, diputada Ana María Gazmuri, valoró la reunión que tuvo este viernes con el Director Nacional del Servicio Agrícola Ganadero, José Guajardo Reyes, con el fin de abordar la situación a la que son expuestos los cultivadores y usuarios de cannabis, que al ser fiscalizados, se les solicita erróneamente un permiso del SAG.

Sobre esto, la diputada Gazmuri, quien calificó la reunión de provechosa, aclaró que “quienes cultivan cannabis para uso medicinal, o quienes cultivan unas pocas plantas para uso personal, no requieren autorización del SAG, que sólo corresponde cuando se trata de cultivos agrícolas con fines industriales.”

En esa línea, emplazó al Ministerio Público por las incautaciones y judicializaciones injustificadas en contra de pacientes y usuarios, señalando que “es importante que también lo tengan claro fiscales y policías, el no tener el permiso del SAG, que no existe para usos personales de cannabis, es la razón por la que detienen a los dueños de plantas cuando sus domicilios han sido allanados.”

“Vamos lento pero se avanza. Clarificar esta situación será un gran aporte para evitar detenciones injustificadas. Tampoco la ausencia de dicho permiso, podrá seguir siendo usado como prueba en contra de quienes enfrentan un proceso judicial por el artículo 8”, en alusión al nuevo inciso final del artículo 8 contenido en la ley 20.000, modificado en abril del 2023, con la promulgación de la Ley 21575, conocida como “Ley Antinarco”.

Recordemos que dicho artículo señala que “se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión”, lo que significa que no es necesario presentar otro permiso más que la receta médica, para cultivos de estas características.

Dicho artículo intentó ser impugnado por la derecha en el Tribunal Constitucional, organismo que rechazó el requerimiento. En en este proceso también se hizo parte el gobierno, que defendió la indicación, argumentando que es perfectamente admisible que el Congreso decida que una manera de enfrentar el narcotráfico es eximir de castigo ciertas conductas, como el cultivo personal de cannabis autorizado por un médico.

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