• Carta a la redacción.

La Cámara de Diputados ha aprobado recientemente la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco y el exministro Jaime Muñoz. Esto representa un paso significativo de la búsqueda de la responsabilidad política y judicial de nuestro país.

Durante los últimos 15 años, se han presentado más de 25 acusaciones constitucionales, muchas de las cuales han sido vistas por la ciudadanía como meros instrumentos de presión política, más que como proceso serios de fiscalización, erosionando la confianza pública en estas herramientas.

El hecho de que esta acusación avance ahora al Senado es una señal positiva -y esperemos que así siga-. Chile necesita ver que se asume el costo político y judicial de las acciones, y que las instituciones están dispuestas a actuar con seriedad, siendo un paso importante para devolver la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, tan deteriorada por casos anteriores que parecían responder a intereses partidarios antes que al bienestar del país.

Si este proceso continúa con el rigor necesario, el país podrá avanzar hacia un sistema más transparente y justo, donde el cumplimiento de la ley prevalezca sobre cualquier cálculo político.

Gabriela Velásquez, Valentina Véliz y Rubén Álvarez
Fundación Para el Progreso