· Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial denuncian que la ausencia de personal suficiente y la renuencia del Ministerio del ramo para proveer dichos cargos han colapsado a una institución esencial para muchos usuarios. Advierten también que el proyecto que reformula el servicio “apunta más al ámbito de la seguridad que al resguardo de una garantía constitucional, como es el acceso a la justicia”.
Funcionarias y funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) acusan “un grave abandono” del Estado en su obligación de garantizar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables. Esto porque las entidades públicas encargadas de proporcionar ayuda gratuita para quienes no cuentan con los recursos para proveerse un abogado particular desde hace varios años han denunciado serios problemas de infraestructura que implican oficinas insalubres, filtraciones, plagas de ratones, etc., lo que se suma actualmente a una falta de dotación importante ante un aumento exponencial de las licencias médicas por sobrecarga laboral.
“Tenemos abogados que han debido hacer reemplazos en distintos centros de atención por falta de personal. Incluso hemos debido cerrar algunas de nuestras oficinas por esta misma razón”, señaló Jessica Valenzuela, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Técnicos, Administrativos y Auxiliares de la Corporación de Asistencia Judicial (AFTADAJ).
Este mismo hecho y la desidia de la autoridad al respecto genera que las listas de espera se extiendan, perjudicando con ello a los usuarios y afectando además una garantía constitucional, como es el acceso a la justicia, denunció Mónica González, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial RM (AFUNPRO).
“El acceso a la justicia es un derecho que está consagrado en la Constitución y en este momento el Estado de Chile, a través del gobierno, no está cumpliendo con esta obligación”, aseveró la dirigente. 
La preocupación de las y los trabajadores de las CAJ pareciera no tener algún atisbo de solución, pues si bien existe -ad portas de su aprobación- un proyecto que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, instancia donde los funcionarios de las actuales corporaciones serían la piedra angular, peligrosamente la contingencia y las urgencias políticas lo han “desnaturalizado”, apuntando su foco a la seguridad y resguardo de quienes sufren delitos, en desmedro de materias como familia, protección a grupos vulnerables, laboral, entre otras, que son de gran relevancia en lo cotidiano.
“Sabemos que la seguridad es un tema que nos atañe a todos como sociedad, pero creemos que la discusión parlamentaria y el tratamiento mediático del proyecto de nuevo servicio han postergado peligrosamente algunos problemas cotidianos que afectan a nuestra población en materia judicial”, advirtieron fuentes de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, entidad que reúne a las y los trabajadores de las CAJ.