·El director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, solicitó a la Contraloría General de la República su pronunciamiento sobre la legalidad del “Acuerdo por Valparaíso”. Esto, sostuvo Bustos, desmoronaría la “fachada de transparencia y legalidad” de las instituciones que firmaron dicho acuerdo, es decir, la Gobernación Regional, la Empresa Portuaria (EPV) y la Municipalidad de Valparaíso.

Con una celeridad que pocos esperaban, la División Jurídica de la Contraloría ha emitido varios oficios con Referencia N° OAR 50.736/25, todos fechados el 21 de febrero de 2025. En estos documentos se exige que las autoridades de Valparaíso -el Gobernador Regional, la Alcaldesa y la EPV-  rindan cuentas y presenten informes jurídicos detallados sobre los puntos expuestos por Bustos. El plazo: escasos 10 días hábiles administrativos.

“Las entidades que suscribieron el ‘Acuerdo por Valparaíso se ven ahora forzadas a exponer las entrañas de sus operaciones ante la Contraloría, todo ello bajo la atenta mirada de una ciudadanía que comienza a cuestionar la veracidad de sus compromisos”, manifestó el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad.

“No es suficiente con enviar cualquier informe”, agregó. La Contraloría ha dejado claro que deben ser preparados «con la intervención de la Asesoría Jurídica o abogados de cada entidad, a menos que las cuestiones planteadas estén al margen de las normativas jurídicas o reglamentarias”, según indican los oficios. Por lo tanto, “la exigencia de remitir todos los antecedentes necesarios y relevantes no deja espacio para el ocultamiento o la negligencia”, indicó Bustos.

Los oficios, firmados electrónicamente por Luis Rodrigo Baeza Fernández, jefe de Comité, en nombre de la Contralora General de la República, también han sido enviados a Jorge Bustos.