El presupuesto de salud para el 2025 aprobado en el Congreso significó un freno importante para la tendencia de los últimos años, que se expresó en una disminución del aporte fiscal para FONASA y un mínimo crecimiento en la atención primaria. A esto se sumó, a principios de este año, la disminución preventiva de cerca de 16 mil millones de pesos, que afectó mayoritariamente a FONASA, el Instituto de Salud Pública (ISP), la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud.

Si a lo anterior sumamos la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo de hacer un ajuste mayor, se configura un escenario muy riesgoso para el necesario financiamiento de la atención primaria y hospitalaria, y sobre todo pone en entredicho la sostenibilidad de la idea de la universalización de la salud, que constituyó una de las prioridades gubernamentales.

Si bien se ha declarado que no seguirá afectándose el presupuesto en Salud, visto en perspectiva respecto a años anteriores, los aumentos presupuestarios en salud han venido a la baja proporcionalmente, pese a la enorme necesidad de financiamiento de FONASA y el sistema hospitalario público, que parte el 2025 con una deuda con proveedores por más de 50 millones de dólares y una deuda total al primer semestre del 2024 de 112 mil millones, un 147% más en comparación al mismo periodo del año anterior.

El caso de la salud podría ser un ejemplo claro del impacto que tienen las políticas de ajuste fiscal de corte neoliberal para las personas. La ecuación es muy simple. Cuando disminuye el gasto público aumenta el gasto privado familiar e individual, el que en condiciones de desprotección social y desigualdad social genera mayor gasto de bolsillo, mayor nivel de endeudamiento y en muchos casos empobrecimiento.

Las señales políticas presupuestarias en materia de salud al parecer no están poniendo el foco donde se debe. La salud es una prioridad para toda la población y no sólo para una parte de ella. Ejemplo de ello fue el acuerdo transversal de protección a las ISAPRES en desmedro del fortalecimiento de FONASA. Solo como dato: en los últimos cinco años cerca de 800 mil personas abandonaron las ISAPRES y cerca de 17 millones están inscritas en FONASA

La seguridad pública y la salud son de los temas más prioritarios de la población. En Chile muere más gente esperando cirugías que por asaltos o robos y los que se atienden por FONASA se endeudan cada vez más para resolver sus urgencias clínicas y hospitalarias paradójicamente en el sector privado, producto del desfinanciamiento público. La prioridad política está clara hace muchos años ya.

La realidad es clara en advertirnos que con esta tendencia de desfinanciamiento y sin una priorización presupuestaria real no habrá universalización de la salud en nuestro país, seguirán aumentado las listas de espera y los bingos y las rifas serán la fuente de financiamiento para la salud de miles de chilenos, si es que realmente no logramos ponernos de acuerdo en esta materia.

Tal vez ya es hora de asumir la salud como una prioridad política de las mayorías y apostar por la construcción de un acuerdo nacional por la Salud Publica, que involucre a los gremios de la salud, a los municipios, a las diversas instancias de participación social y a todos los actores políticos que realmente estén disponibles, para producir más salud y ojalá administrar menos enfermedades.

La priorización política del presupuesto en salud es la deuda para miles de chilenos enfermos y la garantía para quienes aún están sanos y productivos para asegurar el desarrollo del país y no sólo parte de los ajustes macroeconómicos que sabemos que directa o indirectamente benefician a los mismo de siempre.

Alejandro Escobar Lobos
Exdirector de Salud Municipal de Valparaíso

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