·El Frente Amplio manifestó su enérgico rechazo a la estrategia judicial del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y sus pretensiones de intervenir el celular del presidente de la República, Gabriel Boric, entre otras acciones rechazadas por la justicia al considerar insuficientes sus argumentos.

A través de declaración pública, el Frente Amplio se refiere, en primer lugar, a la información revelada por la prensa con relación a la investigación judicial sobre ProCultura. Al respecto, afirma, “no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada. Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el SERVEL y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales”.

El segundo punto dice relación con las escuchas telefónicas que buscan involucrar al presidente Boric en el caso y que el FA califica de «espionaje».

El Fiscal Cooper, sostiene, “replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”.

Tercero, “escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. Al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad”, señala el comunicado.

“Resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones”, continúa.

Llama la atención la magnitud de las interceptaciones: “más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024”, detalla el comunicado, lo cual “no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia”.