·Por Diego Durán Toledo[1]

El reciente reporte de la Contraloría General de la República, respecto que entre los años 2023 y 2024 aproximadamente 25 mil funcionarios públicos viajaron al exterior mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas, ha causado indignación transversal en el mundo político y ciudadano, generando un intenso debate respecto a distintas temáticas asociadas fundamentalmente al rol de los servidores públicos a nivel nacional, instalándose en sectores de la sociedad la caricatura del funcionario público que se “flojo”, “aprovechador” y corrupto en el desempeño de su trabajo.

En este sentido, es necesario que no solo en virtud de las graves faltas de carácter administrativas y el importante perjuicio pecuniario que representa para las arcas del Estado, sino que en pos de la defensa de la imagen de los miles de funcionarios públicos honestos y que abnegadamente día a día realizan su labor como cualquier trabajador, es que el Estado de Chile debe hacer valer todo el peso de la ley y perseguir responsabilidades penales, civiles y administrativas en estos casos.

Cabe señalar que, si bien lo anterior pareciese un elemento de carácter obvio, lamentablemente en la práctica institucional, no siempre ha ocurrido de esta manera, generándose espacios importantes para la impunidad para el establecimiento de sanciones adecuadas, debido inacción por parte de los organismos públicos y de fiscalización como lo es la Contraloría General de la República.

Lo anterior no se basa netamente en el conocimiento transversal de la administración del Estado de sumarios administrativos largamente dilatados, que esperan años la ejecución de sanciones administrativas, sino también en la actuación de los organismos públicos en casos de fraude masivos cometidos por funcionarios del Estado, como el cobro indebido de los “bonos clase media” que se otorgaron durante la pandemia y que una investigación académica demostró que prácticamente la mitad de los organismos públicos no habían iniciado procesos de sanciones administrativas por esta acción[2].

O a su vez, por ejemplo no hay tampoco reacciones conocidas institucionalmente por parte del Estado, respecto a otras formas de corrupción y aprovechamiento por parte de algunos funcionarios públicos, como lo son las influencias en la designación de cargos bajo criterios familiares o políticos, que según las últimas mediciones del Servicio Civil en su conjunto llegarían casi al 45% de los funcionarios públicos encuestados[3].

Ante la inacción del Estado, respecto a estos casos, el llamado es que ante este hecho sin precedentes de mal uso de un derecho inalienable de los trabajadores que es el de reposo por enfermedad, por algunos para tomarse vacaciones a costa del FISCO, es que las instituciones públicas deben tomar el liderazgo en la materia y realizar con la mayor celeridad posible los sumarios administrativos correspondientes, y las acciones civiles y penales para la restitución del daño patrimonial al Estado de Chile (y por ende a todos nosotros como ciudadanos en nuestra calidad de contribuyentes al erario público nacional) y la persecución del delito de fraude al fisco.

Ni los miles de funcionarios públicos honrados, ni la ciudadanía ni el propio Estado merecen que hechos de esta calaña queden impunes, toda vez que señales de este tipo, podrían acentuar males endémicos en nuestra sociedad como lo son la creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, la descredito de la función pública como una carrera para atraer a funcionarios talentosos y honrados y que los ciudadanos tengan que pagar los fraudes de algunos inescrupulosos en un país donde muchas veces faltan los dineros en áreas importantes de la administración pública, en especial en aquellas destinadas para los servicios de la población más vulnerable en servicios esenciales como salud y educación.

Es la hora, que el Estado por todas las razones antes expuestas, ejerza su labor y materialice las acciones que permitan la no repetición de este tipo de hechos masivos.

Solo a través de acciones ejemplificadoras, es que las confianzas en instituciones públicas y la imagen de los funcionarios fiscales puede restituirse, lo cual es fundamental para nuestro sistema institucional y democrático.

[1] Administrador Público, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Académico, Funcionario Público y Miembro del Grupo de Investigación Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile (UA-RECHI) de la Universidad Autónoma de Chile.

[2] Según Rungruangsakorn, Durán & Herrera (2022) 46% de las instituciones públicas consultadas en investigación, no desarrollaron medidas disciplinarias a raíz de este caso.

[3] La II Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos del año 2023 y cuyos resultados fueron publicados el 2024, señala que un 33% de encuestados indicó que las conexiones familiares y un 12% las conexiones políticas tuvo importancia para conseguir su primer trabajo en el sector público.

Referencias Bibliográficas:

Rungruangsakorn, C., Durán, D., & Luis, H. (2022). El caso de los funcionarios públicos que cobraron indebidamente el “bono clase media” en Chile. Revista Española de la Transparencia, N°15, p.235–278.

Dirección Nacional del Servicio Civil (2023). II Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos.

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