La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido reactivar el análisis sobre la legalidad del Acuerdo por Valparaíso, suscrito por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), la Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional (GORE). Tras dos dictámenes previos que habían descartado irregularidades, el organismo fiscalizador ha requerido nuevos antecedentes a las entidades involucradas, abriendo una etapa crítica en la evaluación de la probidad administrativa.

EL CONFLICTO: IMPARCIALIDAD Y PROYECTOS PORTUARIOS

La controversia, impulsada por la Fundación Defendamos la Ciudad, se centra en la presunta ilegalidad del acuerdo. El denunciante, Jorge Bustos, sostiene que el pacto compromete la imparcialidad de los organismos públicos que deben evaluar ambientalmente el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL). El riesgo señalado radica en que el acuerdo contempla que la actividad portuaria aporte recursos directamente a la ciudad y la región, lo que genera una apariencia de conflicto de interés, dado que EPV es la proponente de la ampliación. El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, junto a los Seremis, integran la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), responsable de calificar ambientalmente el proyecto.

DICTÁMENES PREVIOS

Jorge Bustos.

En agosto y septiembre de 2025, la CGR emitió los dictámenes N° E135417-2025 y N° E150701-2025, concluyendo que “no se advierten las irregularidades denunciadas”. La base de esa decisión fue la premisa, entregada por EPV y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de que el proyecto TCVAL era distinto del proyecto de ampliación portuaria mencionado en el acuerdo, y que dicha ampliación aún no había ingresado al SEIA. Bajo esa interpretación, la Contraloría consideró que se trataba de consultas hipotéticas.

PUNTO DE INFLEXIÓN

El escenario cambió tras la solicitud de reconsideración presentada el 11 de septiembre de 2025 por Jorge Bustos. El denunciante argumentó que los dictámenes se fundaron en una premisa falsa y omitieron antecedentes esenciales. Entre la documentación aportada se incluyen: declaraciones de EPV (noviembre de 2023) que vinculan directamente el proyecto TCVAL con la ampliación portuaria; Oficio Municipal N° 429 (octubre de 2024), que relaciona explícitamente el proyecto con el Acuerdo por Valparaíso; y reconocimientos públicos de EPV sobre ajustes al proyecto en respuesta a observaciones ambientales, confirmando que la evaluación estaba activa y que no se trataba de un plan futuro.

APERTURA DE LA CONTRALORÍA

En respuesta, la CGR emitió el oficio Ref. N° OAR 54.495/25, solicitando informes a EPV, la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional y el SEA. Las entidades disponen de un plazo de diez días hábiles administrativos para responder. Este requerimiento implica que la Contraloría está dispuesta a reconsiderar su premisa inicial sobre la distinción entre TCVAL y la ampliación portuaria, reconociendo la relevancia de los antecedentes entregados y la posible configuración de un riesgo a la imparcialidad administrativa.

Así, la decisión de la Contraloría marca un giro en el caso del Acuerdo por Valparaíso. El desenlace dependerá de la documentación y respuestas de las entidades involucradas, en un contexto donde la probidad administrativa de las autoridades firmantes está en el centro del debate.