Cada vez que se instala un gobierno de extrema derecha, el debate público vuelve a un punto que nunca debiera ser accesorio: la garantía efectiva de los derechos sociales. No se trata de una discusión ideológica ni de una preferencia programática. Se trata, lisa y llanamente, del núcleo de la democracia constitucional.

La experiencia comparada y la teoría constitucional son claras: los derechos sociales no son “beneficios”, ni concesiones graciosas del Estado, ni políticas sujetas al gobierno de turno. Son derechos fundamentales, íntimamente ligados a la dignidad humana y a la igualdad material. Sin ellos, la libertad se vacía de contenido y la democracia se convierte en un procedimiento sin sustancia.

La historia constitucional del siglo XX demostró que los derechos civiles y políticos no bastan por sí solos. La libertad de expresión, el derecho a voto o la igualdad ante la ley pierden eficacia real cuando amplios sectores de la población carecen de acceso garantizado a la salud, la educación, la seguridad social o condiciones mínimas de subsistencia. Como sostuvo Luigi Ferrajoli, los derechos individuales permiten vivir; los derechos sociales permiten sobrevivir. Ambos son cooriginarios e inseparables.

Desde esta perspectiva, resulta preocupante la mirada que ciertos sectores han sostenido históricamente respecto del rol del Estado en materia social. Bajo el discurso de la subsidiariedad estricta, la austeridad fiscal o la libertad, se esconde la concepción minimalista del Estado que relega los derechos sociales al mercado.

Esto tiene consecuencias jurídicas y políticas concretas: transforma derechos en expectativas, garantías en promesas, y la igualdad en una ficción formal. Así, los derechos sociales, sin garantías primarias -políticas públicas, legislación y administración- y garantías secundarias -justiciabilidad y control judicial efectivo-, pierden su eficacia y la dignidad humana se vuelve negociable.

Esto no solo debilita el Estado social, erosiona los cimientos de la democracia constitucional. Allí donde no existe igualdad sustantiva en el acceso a los derechos fundamentales, el conflicto democrático se sustituye por relaciones de dominación y la ciudadanía plena se fragmenta en función del poder económico o político.

En este escenario, cobra una relevancia decisiva el equilibrio institucional. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos de control no solo limitan el ejercicio del poder, sino que actúan como contrapesos esenciales para resguardar los derechos cuando estos se ven amenazados desde la esfera gubernamental. A ello se suma el rol estratégico de los medios de comunicación, y el papel insustituible de una ciudadanía activa, informada y vigilante.

La Democracia enfrenta hoy una definición estructural: si se concibe como un procedimiento limitado a la elección periódica de autoridades, o como un sistema integral de garantías, sostenido por instituciones sólidas, prensa libre y participación ciudadana, orientado a proteger a todas las personas frente al poder concentrado.

Ese equilibrio es la verdadera línea roja de la democracia. Y la vigencia efectiva de los derechos sociales es su prueba más exigente.