@jbustos_b 

// La entrevista del presidente de la Empresa Portuaria Valparaíso no solo defiende la ampliación portuaria. Al contrastar cada uno de sus argumentos con las 99 propuestas elaboradas por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT), emerge un patrón difícil de ignorar: la empresa pública parece haber abandonado el interés general para asumir como propia la agenda del gran empresariado portuario. Este análisis muestra, punto por punto, cómo un discurso aparentemente técnico termina justificando menos autonomía para Valparaíso, menos control ciudadano y mayores privilegios para los concesionarios privados.  

La entrevista concedida por Gonzalo Le Dantec a El Mercurio de Valparaíso permite comprender mucho más que la posición de la Empresa Portuaria Valparaíso frente al proyecto de ampliación del puerto. Leída de manera aislada, podría parecer la defensa habitual de una inversión pública. Sin embargo, al contrastar sus declaraciones con las 99 propuestas elaboradas por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT), aparece una coincidencia sistemática que va mucho más allá de simples opiniones. Los mismos argumentos, las mismas prioridades y las mismas críticas que el principal gremio del sector privado viene impulsando desde hace años hoy son reproducidos por quien encabeza una empresa del Estado cuya obligación legal es representar el interés público y procurar un desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad.

No se trata de una diferencia ideológica respecto del crecimiento portuario. El problema es otro. La Ley N.º 19.542 no creó las empresas portuarias estatales para actuar como defensoras de los concesionarios privados. Les asignó una misión distinta: administrar infraestructura estratégica procurando compatibilizar el desarrollo portuario con el medio ambiente, las áreas urbanas y las comunidades que conviven diariamente con la actividad portuaria. Cuando el presidente de EPV adopta como propios los planteamientos elaborados por CAMPORT, deja de hablar desde esa responsabilidad institucional y comienza a hacerlo desde la lógica del sector económico que más se beneficia del modelo vigente.

Quizá el ejemplo más evidente aparece cuando Le Dantec intenta demostrar el aporte que el puerto realiza a Valparaíso señalando que, durante los últimos años, la empresa ha transferido más de diez mil millones de pesos a la municipalidad mediante patentes y contribuciones. La cifra parece importante hasta que se la sitúa en su verdadera escala económica. Esos recursos representan una fracción mínima de la riqueza que genera la actividad portuaria y logística instalada sobre el territorio de Valparaíso. El propio documento elaborado por CAMPORT reconoce que las empresas portuarias estatales han recaudado históricamente alrededor de novecientos millones de dólares solo por concepto de la Tasa de Uso Portuario. Sin embargo, prácticamente nada de esa enorme renta retorna de manera estructural a las ciudades que soportan la operación. Mientras la riqueza viaja hacia el nivel central, Valparaíso continúa absorbiendo la congestión, la contaminación, la pérdida de borde costero, el deterioro urbano y las limitaciones que el puerto impone al desarrollo de la ciudad. Presentar diez mil millones como prueba de un compromiso suficiente no explica el problema; ayuda a ocultarlo.

La coincidencia con la agenda de CAMPORT se vuelve todavía más evidente cuando Le Dantec cuestiona las advertencias sobre una eventual judicialización del proyecto, calificándolas como una actitud poco aceptable. No es una frase casual. CAMPORT dedica una de sus propuestas precisamente a reducir las acciones judiciales que, según el gremio, retrasan las inversiones. El presidente de EPV reproduce esa misma lógica, pero omite un aspecto esencial: en un Estado de Derecho la judicialización no constituye un abuso, sino uno de los principales mecanismos de control sobre la legalidad de las decisiones administrativas. Son precisamente los tribunales quienes revisan si un proyecto cumple la legislación ambiental, urbanística y patrimonial. Convertir ese derecho en un problema equivale a instalar la idea de que el cumplimiento de la ley es un obstáculo para la inversión.

Lo más preocupante es que esta visión entra en contradicción con las obligaciones que la propia legislación impone a la Empresa Portuaria Valparaíso. La ley exige procurar un desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad. Ese mandato supone reconocer conflictos, equilibrar intereses y aceptar que las comunidades poseen instrumentos legales para defender su territorio. En cambio, el discurso de Le Dantec desplaza ese equilibrio hacia un solo objetivo: acelerar la expansión portuaria reduciendo las resistencias institucionales que puedan surgir desde los municipios, las organizaciones sociales o los tribunales.

La lectura conjunta de la entrevista y de las propuestas de CAMPORT permite observar un patrón aún más amplio. No solo se busca acelerar los proyectos. También se pretende limitar la autonomía territorial. Entre las propuestas del gremio aparece la posibilidad de que el nivel central modifique planes reguladores comunales cuando estos interfieran con inversiones portuarias, incluso congelando futuras modificaciones impulsadas por los municipios. Es decir, desplazar las decisiones desde las ciudades hacia Santiago. Esa concepción aparece implícita en el discurso de Le Dantec cada vez que las objeciones provenientes de Valparaíso son presentadas como obstáculos para el desarrollo y no como parte legítima del debate democrático sobre el futuro de la ciudad.

Visto en conjunto, el problema deja de ser únicamente la ampliación portuaria. Lo que está en discusión es el papel que cumplen las empresas públicas. ¿Fueron creadas para equilibrar el interés nacional con los derechos de las ciudades que albergan los puertos, o para transformarse en el principal portavoz de las demandas formuladas por los concesionarios privados? La entrevista de Gonzalo Le Dantec parece inclinarse claramente por la segunda alternativa. Y cuando una empresa del Estado comienza a hablar exactamente con la voz del sector privado que debería regular y equilibrar, la pregunta deja de ser política. Pasa a ser institucional.