@jbustos_b 

//  En las últimas semanas hemos visto una escena que, a primera vista, resulta incuestionable: operativos de limpieza en el Barrio Puerto, campañas de “recuperación” del espacio público y gestos de cercanía con la comunidad impulsados por la Empresa Portuaria Valparaíso junto a TPS Valparaíso y Terminal Portuario Valparaíso.

Nadie sensato podría oponerse a que la ciudad esté más limpia y ordenada. El problema es otro: mientras se limpia de noche, de día se consolida un modelo MONOPERADOR, que concentra la operación y se lleva toda la riqueza de nuestro puerto.

No es casual que, en paralelo, los principales actores del sistema portuario presionen por certezas regulatorias ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo que buscan no es solo “eficiencia”, sino asegurar condiciones que, en la práctica, validen la monoperación por 30 años más. Dicho en simple: menos competencia real, mayor control de la cadena logística y contratos de largo plazo que blindan posiciones dominantes y ganancias seguras.

En este cuadro, preocupa la ligereza con que la autoridad comunal ha optado por acompañar estas iniciativas sin exigir contraprestaciones estructurales. No se trata de negar la utilidad de limpiar calles; se trata de preguntarse qué obtiene la ciudad a cambio. Porque cuando la municipalidad se alinea con acciones de alto impacto comunicacional, pero de bajo efecto estructural, corre el riesgo de legitimar un esquema donde el puerto se expande y la ciudad apenas recibe migajas.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: si estos operadores son tan eficientes y competitivos, ¿por qué necesitan asegurar un modelo que reduce la competencia? ¿Por qué no demostrar esa supuesta superioridad en un sistema de multioperación real, abierto y fiscalizable? La respuesta apunta a lo evidente: la eficiencia que se defiende es la de la concentración, no la del mercado competitivo ni la del desarrollo territorial.

Durante años se nos ha dicho que la escala operativa exige concentración. Sin embargo, cuando la operación se cierra, no solo no se reducen costos: también se reduce la competencia, la innovación y la capacidad de las ciudades portuarias de capturar parte del valor que generan en su territorio. El resultado es conocido: mientras el negocio se globaliza, los costos ambientales, viales y sociales se quedan en Valparaíso empobrecido y deteriorado.

Las acciones de “responsabilidad urbana” cumplen, entonces, una función precisa: construir legitimidad. Se ordena la postal, se limpia la superficie, se fortalece el relato. Pero el problema de fondo, quién decide sobre el borde costero, quién se queda con la ganancia y bajo qué reglas opera el sistema, permanece intacto.

Chile enfrenta una decisión de largo alcance. La próxima ronda de licitaciones no es un trámite: definirá la matriz portuaria por décadas. Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá un rol clave: ¿validará un esquema que consolida la concentración o abrirá paso a una competencia efectiva que beneficie también a las ciudades?

Porque la ironía ya es demasiado evidente: mientras las empresas concesionarias limpian un sector de la ciudad, la ciudad sigue sin participar de la riqueza que el puerto genera. Y esa es una discusión que ninguna escoba puede barrer.