Durante estos días hemos recibido una serie de lluvias abundantes como no veíamos en años, lo cual pareciera traer un panorama esperanzador respecto a la sequía que se viene arrastrando hace años. A pesar de que han sido beneficiosas, en el sentido que han vuelto a correr algunas quebradas y esteros, no debemos confundirnos y pensar que esto sanará el déficit y saqueo del agua al cual hemos sido sometidos por años. Estas precipitaciones no sanaran años de sequía ni mucho menos la negligente gestión del recurso determinada por el neoliberalismo que ha permitido tamaña crisis.
El estallido social o crisis política, la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y la crisis económica han invisibilizado otras crisis que vienen emergiendo hace algunas décadas, como la del agua. La privatización del recurso, sumado a la sequía están dado origen a una profunda crisis de acceso al agua en la sociedad.
Esta crisis viene configurándose hace algunas décadas y tiene sus cimientos en la dictadura militar con la creación del Código de Aguas (1981), donde fueron entregados derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente a particulares, y se limitó la capacidad del Estado para regular e intervenir el uso que se les diera. Una vez constituidos esos derechos fueron incorporados al patrimonio privado de sus titulares, teniendo como garantía el amparo constitucional del derecho de propiedad de modo que no se prioriza el uso del recurso para la vida humana. Chile es el único país del mundo donde el agua no es un bien público sino privado, es decir, donde un particular puede comprar los derechos de apropiación y uso de aguas subterráneas y/o superficiales, prohibiendo de esta forma su uso al resto de la comunidad.
En la Constitución Política el agua es definida como un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado. El artículo 19 N° 24 de la Constitución dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, de forma que se protege constitucionalmente el derecho de dominio y desconoce a las aguas su condición de bien nacional de uso público, quedando dicha disposición en una mera declaración. Esto ha traído como consecuencia que las comunidades que sufren la escasez del recurso no sean consideradas como prioridad por sobre los titulares de los derechos, lo cual se traduce en una serie de conflictos como el que vive la comunidad de El Melón y Petorca en la Región de Valparaíso.
Si bien el déficit de agua se debe en parte a la falta de precipitaciones que viene evidenciándose hace algunos años, también hay responsabilidad de los grandes propietarios de derechos de aguas que han contribuido a empeorar la situación, ya que, a través de maquinaria moderna, estos mismos propietarios u otros han ido accediendo a aguas subterráneas y/o superficiales, legal o ilegalmente, haciendo descender rápidamente la disponibilidad del recurso, sin regulación que sea efectiva.
Esta crisis “silenciosa” tiene como síntomas principales una serie de situaciones que se han evidenciado durante los últimos años que afectan principalmente a quienes no pueden acceder a derechos de agua por el valor elevado que han adquirido, es decir, pequeños agricultores y ganaderos, y pobladores. Esta situación ha traído como consecuencia que los pequeños productores no puedan regar sus predios porque sus pozos se secan, no puedan alimentar a sus animales, y las familias sean sometidas a recurrentes cortes de agua, los que en algunos casos han tenido que subsanarse con la instalación de estanques que son abastecidos cierta cantidad de veces a la semana por camiones aljibes, lo cual tiene sus desventajas sanitarias.
Hoy en 2020, en plena pandemia del COVID-19, la situación es más grave aún, debido que la prevención del contagio del virus requiere necesariamente de un recurrente lavado de manos y vestimenta, el cual se ve imposibilitado por las comunidades que sufren la escasez, negándoles así un derecho de salud. A esta crisis sanitaria se suma la crisis económica que ha reducido los ingresos de miles de familias que cada día se les dificulta más poder acceder a alimentos, más aún cuando la crisis del agua hace elevar los precios de frutas y verduras que son esenciales en la alimentación.
Por último, creemos que es fundamental la organización popular y la acción directa en la recuperación del recurso hídrico para las pobladoras y pobladores de Chile. Es por esta razón que legitimamos acciones como la Toma del Pozo 9 de Anglo American en el pueblo de El Melón, la cual generó que la minera cediera dicho pozo a la comunidad, significando así un gran avance del pueblo organizado ante el saqueo empresarial. En esta crisis del agua estas acciones son expresiones completamente válidas en la lucha contra el modelo neoliberal responsable de las políticas que tienen secos nuestros territorios, y si bien las últimas lluvias ayudan, no resolverán en absoluto la crisis del agua configurada por años de gestión neoliberal. ¡Es luchando como avanza el pueblo!
Karen White O.
Ukamau El Melón-Nogales