En Chile, son innumerables los proyectos que generan conflictos socioambientales los cuales ponen en riesgo la salud de las comunidades donde se emplazarán estos proyectos. Ejemplos de esto son: Puerto de Dominga, proyecto inmobiliario Las Salinas, termoeléctrica Los Rulos, hidroeléctrica Hidroaysén, etc.
Las características de estos conflictos son: la alta complejidad técnica, asimetría de poder entre las partes involucradas, empresas correspondientes a grandes capitales v/s comunidades afectadas.
Tal es el caso de los conflictos socioambientales donde existen daños causados y riesgos para la salud humana, denominados “Disease Clusters” o “Grupos de Enfermedades” cuando son generadas por una exposición a estresores exógenos al cuerpo humano o a las distintas matrices ambientales (suelo, agua y aire), estresores tales como: químicos (cancerígenos y no cancerígenos), agentes biológicos (patógeno), alteraciones en el hábitat.
Estas exposiciones tienen un sinfín de repercusiones y manifestaciones, partiendo desde una alergia dérmica, pasando por problemas emocionales (depresión/ansiedad), llegando a desencadenar en un cáncer o la posible muerte de la persona afectada. Además de una serie de reacciones adversas, hay que considerar las varias décadas en las cuales se ha dañado la salud de las comunidades en las consideradas “zonas de sacrificio”, dentro de las cuales nos encontramos con el daño generado en el paño “Las Salinas” con alrededor de un siglo de contaminación por químicos en el terreno y playa adyacente, donde para encontrar la causalidad entre la exposición y el daño generado se necesita una conexión emocional y espiritual profunda con el territorio afectado, un sentimiento de pertenencia movilizador que busque el bien común para su familia, como también para la comunidad a la cual pertenece.
Por estas razones, desde la comunidad se han generado elementos intelectuales y soportes técnicos para resolver este conflicto, desde una participación activa y organizada, desarrollando lo que se conoce como “CIENCIA CIUDADANA y/o COMUNITARIA”, y cuyos descubrimientos generados han hecho importantes aportes a la ciencia a nivel internacional.
Entre los emblemáticos generados desde la “CIENCIA CIUDADANA” nos encontramos con el caso contra la empresa Pacific Gas and Electric Company (PG & E) en California que quedó plasmada en la película Erin Brockovich, donde a través de años de investigación se llegó a la conclusión de cómo la empresa expuso a una comunidad rural al químico cancerígeno Cromo Hexavalente, a través del agua potable, produciendo una enorme cantidad de víctimas de cáncer y otros efectos adversos.
En Chile, la situación es diametralmente opuesta a lo que sucede en el mundo, esto deja en evidencia el nulo desarrollo de acciones ambientales desde las políticas públicas por el daño ambiental en los cerca de 600 terrenos que se encuentran contaminados y que son un riesgo para la vida humana y naturaleza.
No existe apoyo estatal para el desarrollo de la “CIENCIA CIUDADANA”, quedando muchas veces en manos de privados, quienes pactan a sueldo con universidades para validar sus proyectos, evitando considerar las evidencias y antecedentes entregados por la comunidad informada que ha interactuado directamente con estos conflictos socioambientales, volviendo casi imposible descubrir los elementos gravitantes de los daños generados por las exposiciones a elementos exógenos.
Esto sumado a un grave problema de justicia ambiental de toda índole, basado especialmente en el bajo reconocimiento y valorización del conocimiento y trabajo generado fuera de los grupos elitistas (partidos políticos, academia universitaria y el gran empresariado) de manera independiente a cualquier interés político y económico, donde el apoyo que debería entregar el estado se traduce en grandes obstáculos, como la poca cobertura a las comunidades en los medios tradicionales, alta y compleja burocracia para llevar a cabo procesos de participación ciudadana, silencios y errores administrativos, reuniones y toma de decisiones a espaldas de la comunidad, como también la desprolija fiscalización en los conflictos socioambientales que involucran grandes capitales, entre otras.
Afortunadamente, nos encontramos en la “era de la información” donde el conocimiento científico es accesible a las diferentes comunidades afectadas, que no dejarán jamás que ningún megaproyecto ponga en riesgo su vida y los territorios que aman.
Es deber del estado y autoridades competentes Municipalidad, Gobierno Regional y Central el fomentar el desarrollo de la “CIENCIA CIUDADANA”, reconocer, respetar y valorar la labor profesional generada desde las comunidades, acortar esta infame asimetría de poderes involucrados y conseguir que exista dignidad dentro de estos conflictos socioambientales.
Si esto no es fomentado desde el estado, las comunidades encontrarán la forma de seguir avanzando en su camino por la justicia social, ambiental y por el derecho a decidir cómo habitar nuestros espacios.
