• La Sala respaldó la postura de la defensa, respecto a la improcedencia formal del libelo acusatorio, dado que no cumplía con los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación. Con esto, concluyó su tramitación y, formalmente, se entiende por no presentado.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, desde la perspectiva formal, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. 

La acusación fue presentada por las y los diputados Roberto Arroyo (PSC), Francesca Muñoz (PSC), Yovana Ahumada (IND), Gaspar Rivas (PDG), Jorge Durán (RN), Hugo Rey (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI), Agustín Romero (PREP) y Cristián Araya (PREP).

Al inicio de la sesión, la defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, apeló a la denominada “cuestión previa”. Ella reclama la procedencia formal del libelo acusatorio, por no cumplir los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación.

Luego de exponer la defensa su postura en dicha línea, fue el turno de los cinco integrantes de la comisión que analizó la acusación. Finalmente, tras sus discursos, se sometió a votación la cuestión previa, la cual fue acogida por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, de la diputada Pamela Jiles. Con esto, se entiende por rechazado el libelo acusatorio desde la perspectiva formal.

Debido a lo anterior, la acusación contra Carlos Montes concluyó su tramitación y, formalmente, se entiende por no presentada.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El abogado defensor remarcó las cualidades de servidor público ejemplar del ministro Carlos Montes. Asimismo, destacó que no ha desistido, en ningún momento, de cumplir con sus funciones ministeriales. En este contexto, por ejemplo, mencionó que su cartera presenta un 99% de ejecución presupuestaria.

Y, particularmente sobre el denominado «Caso convenios», dijo que ya una docena de funcionarios involucrados fueron desvinculados y que a ellos se sumarán otros de detectarse su participación en hechos que falten a la probidad administrativa. “Porque tiene las manos limpias; esa es la primera contundente contestación del ministro Montes: cumplir con su deber como ministro de la Vivienda y Urbanismo desde que asumió el cargo”, acotó. 

Pablo Ruiz-Tagle planteó que no solo viene a defender a un ministro, sino también el estado de derecho nacional. En este marco, refutó en forma y fondo la acusación, la que acusó, reiteradamente, de desprolija y falta de argumentos sólidos y apegados a los requerimientos legales y constitucionales.

“Se encuentran toda clase de errores de forma y fondo”, recalcó, agregando que ello contradice la doctrina constitucional y la jurisprudencia que la Cámara ha sentado en esta materia.

Cabe señalar que en poco menos de dos años de gobierno, cinco ministros han enfrentado juicios políticos en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero ninguno ha prosperado.

La primera acusación constitucional que fracasó fue presentada por el Partido Republicano en julio de 2022 contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, por su «eventual responsabilidad» en los hechos de violencia en la macrozona sur y el norte del país.

En enero de 2023, el Partido Republicano presentó otra AC, esta vez contra el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, acusándolo de cometer «abuso de autoridad y de poder» contra una funcionaria que había salido de esa cartera.

Una semana después, Renovación Nacional presentó una acusación constitucional contra Marcela Ríos, quien había renunciado unos días antes como ministra de Justicia, por indultos presidenciales a personas «que no cumplían con los requisitos».

La última AC que fracasó antes de la del ministro Montes fue contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el mes de julio. Presentada por los partidos Social Cristiano y Republicano por «no respetar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos», para muchos el juicio político tenía un claro tono de homofobia y discriminación contra el profesor.

REACCIONES

El diputado por la Región de Valparaíso, Jorge Brito (RD), sostuvo que «no pudimos conocer el fondo de la acusación porque el Partido Republicano hizo copy-paste -al parecer- del texto que presentó», precisando que a lo menos cinco de los artículos del Código Penal aludidos «hacían referencia a otro tipo de delitos del orden tributario, algunos de seguridad interior del Estado. Era una acusación que no cumplía con los requisitos mínimos de admisibilidad», por lo que hizo un llamado a la bancada del Partido Republicano «uno, a fortalecer sus equipos porque no logran generar escritos que sean admisibles y dos, a centrar sus energías en mejorar la situación de las familias trabajadoras; trabajar en la reforma de pensiones, por ejemplo, que se han opuesto a tramitar».

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS) lamentó «otra mañana perdida en el Congreso con una acusación constitucional que carecía de todo fundamento», criticando el hecho de que el documento no solo carecía de elementos básicos como la numeración de páginas, sino que «en ningún momento se estableció hecho alguno imputable al ministro Montes que tuviera que ver con aquello que la acusación decía sostener. Aquí, lo importante es volver a enfocarse en la crisis habitacional que es gravísima que hay en nuestro país y que los convenios irregulares se han investigado con toda la fuerza de la ley en su arista más filosa».

Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada. Ministro @carlosmontestwt, tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período. No hay tiempo que perder. Seguimos! pic.twitter.com/xGlGyYLNPU

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 4, 2024