Chile ha enfrentado diversos escándalos políticos a lo largo de su historia, pero en el actual período parlamentario (2022-2026), la desaforación de diputados ha alcanzado un nivel preocupante. Cuatro parlamentarios han perdido su fuero debido a graves acusaciones que van desde injurias hasta abuso sexual y corrupción. A pesar de esto, continúan recibiendo su dieta parlamentaria, un hecho que evidencia las grietas de nuestro sistema político.

Lo más alarmante es que este problema no distingue colores políticos. Tenemos parlamentarios tanto de la derecha como de la izquierda envueltos en estos escándalos. La crisis de representación y la falta de ética han permeado todos los sectores, dejando en evidencia que la corrupción y la falta de responsabilidad no tienen una sola bandera política, sino que atraviesan el espectro ideológico de manera transversal.

María Luisa Cordero, diputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, fue desaforada tras ser acusada de injurias y calumnias contra figuras públicas. Francisco Pulgar, independiente, enfrenta imputaciones por delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años. Mauricio Ojeda, exintegrante de la bancada del Partido Republicano, fue desaforado en el marco de la arista «Manicure» del caso Convenios. Catalina Pérez, militante del Frente Amplio, perdió su fuero por su implicación en el escándalo de «Democracia Viva», un caso de corrupción y malversación de fondos públicos.

Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿Estamos frente a la peor clase política de la historia de nuestra democracia? Es indignante que parlamentarios cuestionados legalmente sigan recibiendo una dieta millonaria financiada por todos los chilenos, a pesar de no estar ejerciendo sus funciones. Esta situación no solo demuestra la falta de control efectivo sobre el uso de los recursos públicos, sino también el desapego total de ciertos políticos hacia la ética y la responsabilidad que exige el servicio público.

El desafuero de un diputado debería implicar la suspensión inmediata de su remuneración. No es posible que ciudadanos comunes deban seguir financiando con sus impuestos a representantes que han perdido la confianza pública y que se encuentran bajo investigación judicial. La política no puede seguir siendo un refugio de impunidad y privilegios.

Es hora de exigir reformas que impidan que aquellos desaforados por causas graves sigan recibiendo sueldos del Estado. La clase política debe entender que la confianza ciudadana es un recurso limitado y que, si no se detiene esta dinámica de abusos, la desconexión entre la gente y sus representantes se volverá irreversible. La democracia no puede seguir tolerando la impunidad disfrazada de institucionalidad.

Los chilenos merecemos políticos comprometidos con el bienestar del país, no con la defensa de sus privilegios. ¿Hasta cuándo seguiremos financiando la corrupción y el abuso de poder con el dinero de todos? ¿Por qué seguimos permitiendo que la política se convierta en un refugio para quienes solo buscan beneficios personales?

Gonzalo Araya Muñoz
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Magister en Salud Publica
Panelista político de FTV

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