Cuando nos piden silencio, nosotras respondemos con organización: vivir sin violencia es un derecho, no una opinión.
En los últimos años hemos visto avanzar con fuerza discursos conservadores que intentan empujarnos de vuelta a un pasado que tanto costó superar. Son voces que buscan relativizar derechos conquistados por las mujeres después de siglos de lucha, y que hoy intentan instalar la idea de que la igualdad, la autonomía y la vida libre de violencia serían demandas “extremas” o “ideológicas”.
Lo vimos hace unos días, cuando el CNTV decidió bloquear la transmisión de la campaña de concientización sobre la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, argumentando que, en periodo electoral, hablar del derecho de las mujeres a vivir sin violencia sería “confuso” o “sensible”. Entonces cabe preguntarse:
¿Desde cuándo visibilizar la violencia que enfrentan miles de mujeres es un acto político-partidista?
¿En qué momento prevenir la violencia se convirtió en un tema incómodo para ciertos sectores?
En 2018 salimos a las calles, tomamos universidades y espacios públicos, y logramos mostrar lo que por años se había normalizado: que la violencia de género estaba en las salas de clases, en los hogares, en los trabajos, en nuestras relaciones, en los sistemas de salud y justicia. Ese año dejó claro que los feminismos son una fuerza transformadora profundamente necesaria, capaz de remover estructuras y cambiar la vida concreta de miles de personas. Mujeres que nunca se habían nombrado feministas se sintieron convocadas. Porque la experiencia compartida del abuso, la desigualdad y el miedo se volvió innegable.
Porque era —y sigue siendo— sentido común.
Pero en algún punto del camino, y con el ascenso de discursos reaccionarios, ese sentido común empezó a disputarse. Sectores conservadores han intentado instalar la idea de que exigir igualdad, autonomía y respeto es una amenaza, cuando en realidad debería ser el piso básico de cualquier democracia.
Ahí está nuestro desafío hoy: disputar el sentido común que la ultraderecha intenta arrebatarnos.
Porque vivir una vida libre de violencia no es radicalidad: es dignidad mínima. Porque defender el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos no es extremismo: es ciudadanía plena. Porque comprender que “no es no”, y que el consentimiento es la base de cualquier vínculo humano, no es exageración: es respeto. Porque exigir corresponsabilidad en los cuidados y una distribución justa de las tareas domésticas no es ideología: es justicia social elemental. Y porque afirmar que todas, todos y todes tenemos derecho a una vida libre de violencia es exactamente eso: un derecho, no una concesión. No es un regalo del Estado. Es un principio democrático.
En este 25 de noviembre, mientras algunos intentan retroceder la historia, nosotras seguimos avanzando. Seguimos tejiendo comunidad, redes, políticas públicas y organización territorial. Seguimos nombrando lo que quieren silenciar. Seguimos defendiendo la vida, la autonomía, la memoria y el presente de las mujeres.
Porque la violencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, y también puede ser desmontada con decisiones políticas.
Y porque nuestro horizonte no cambia:
Ni un retroceso.
Ni un silencio.
Ni una mujer menos.
Una vida libre de violencia no es una demanda extrema. Es, y seguirá siendo, sentido común.
Encargada política
Frente Feminista Región de Valparaíso
Frente Amplio
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