La Fundación Defendamos la Ciudad, representada por su director ejecutivo, Jorge Bustos, y la Fundación Medio Ambiente Urbano (MAU) de Valparaíso, encabezada por Marco Meza, presentaron ante la Contraloría Regional una denuncia formal dirigida a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitando la paralización y revisión de la Licitación ID 704093-1-O124 del proyecto “Parque Barón”.

La acción legal se fundamenta en la detección de vicios estructurales de legalidad y una omisión crítica en las medidas de seguridad para la población. Según los antecedentes técnicos del proyecto ejecutado por el SERVIU.

En el escrito, se hace referencia a tres puntos en particular. El primero se refiere a lo que se considera una «trampa de evacuación». Específicamente, señalan que «el parque, diseñado para recibir a más de 6.000 personas (Equipamiento Mayor), se emplaza en una zona de alto riesgo de tsunami. Sin embargo, la licitación actual omite las obras de accesibilidad y evacuación normativa hacia vías troncales, postergándolas para una ‘segunda etapa’, lo que dejaría a miles de usuarios sin vías de escape seguras ante una catástrofe.

El segundo pone en relieve una «ilegalidad reincidente». Esto debido a que el proyecto «insiste en un diseño que ya fue declarado ilegal por la Corte Suprema en 2017, al no cumplir con el frente predial directo exigido por los artículos 2.1.35 y 2.1.36 de la OGUC».

Finalmente, se resalta la «Inviabilidad ambiental», ya que «el Estado pretende invertir cerca de $23.000 millones en un recinto recreativo que hoy cuenta con sanciones vigentes de la Superintendencia del Medio Ambiente por ruidos industriales críticos e incompatibles con el uso público.

Los dirigentes sociales alertaron sobre «la responsabilidad patrimonial del Estado y el riesgo de convertir una inversión millonaria en un peligro para la vida de los porteños por la falta de planificación técnica básica».