El asesinato de una inspectora en Calama y otros episodios recientes de violencia en establecimientos educacionales evidencian una relación creciente entre educación y delincuencia, cuya reiteración sugiere un problema de carácter estructural.

La evidencia indica que la desvinculación escolar, el deterioro de la convivencia y el debilitamiento de la autoridad pedagógica reducen la capacidad preventiva de la escuela. En este contexto, su función como espacio de integración social se ve limitada, aumentando la exposición a trayectorias de riesgo.

A ello se suma el impacto de las redes sociales y los desafíos en salud mental juvenil. Organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han documentado un aumento de síntomas de ansiedad y desregulación emocional en adolescentes.

En este escenario, el debate parece requerir una aproximación más integral. ¿Qué dimensiones deberían considerarse prioritarias para abordar este fenómeno?