Opinión

[OPINION] “Un consorcio para Consorcio” (por Matías Ossio Campos)

Este 2019 ha traído consigo un avance estratégico en la liberación parcial del abuso de empresas de parquímetros. A su vez, este punto de inflexión nos llena de ilusión para terminar completamente con este daño al presupuesto de porteñas y porteños. Pese a lo anterior, resulta legitimo también preguntarnos:

¿Por qué el Concejo Municipal no cierra el contrato de Consorcio S.A. si es la empresa con la tarifa más abusiva?

¿Por qué los concejales involucrados no hacen nada para frenar este abuso?

Las respuestas a estas interrogantes requieren suponer la existencia de un grupo de concejales de diversa identidad partidaria, pero de disciplinada y sistemática diligencia por el resguardo del beneficio económico mayoritario de la empresa aludida. Para un mejor entendimiento, a este conjunto de autoridades les denominaremos “Consorcio para Consorcio”, no obstante, quiero advertir que se trata sólo de un concepto con fines meramente ilustrativos y no literales, buscando empatizar estéticamente con lo que pareciera ser una verdadera “tragedia surrealista porteña”.

Para comenzar a entender el móvil de estas autoridades, en primer lugar, cabe recordar que los contratos de Consorcio S.A. fueron aprobados y modificados durante las administraciones de los exalcaldes Hernán Pinto (DC), Aldo Cornejo (DC) y Jorge Castro (UDI). O sea, se trata de ediles militantes o candidatos que compitieron electoralmente a nombre de la Concertación y la Alianza por Chile. Durante las administraciones de estas autoridades se implementó una estrategia clara y consecuente en este ámbito: beneficiar a las empresas de parquímetros en desmedro del interés municipal.

Como es de suponer, todo este excelente negocio para unos pocos tenía un alto costo, y a juicio de este “Consorcio por Consorcio”, no era esta pobre empresa la que debía asumirlo, pareció conveniente entonces idear una manera eficiente y soterrada de hacer partícipes involuntariamente a quienes no eran parte de estegrupo de amigos de la empresa”, invitando obligatoriamente a estos a que incurriesen filantrópicamente a aportar a este emprendimiento tan necesario. La letra chica, es que con esto de una u otra forma, se estaba hipotecando el propio bien que se prometía gestionar para nuestro supuesto beneficio. Una irónica suerte de cobro por cobrarnos por el uso de nuestras calles cargando el costo de todo a nosotros mismos. Por supuesto, toda esta compleja operación se ejecutó sin consultarle a nadie, porque no era necesario y todo estaba bien pensado por expertos en cocin”, como corresponde en estos casos, entre cuatro paredes, al mejor estilo de la vieja política.

Luego, tenemos que estos concejales adjudicaban el 2010 el proyecto de Plaza O’Higgins a esta misma empresa. Un detalle que no dejaron escapar, es que extrañamente prefirieron a la firma que prometía menos recursos para el municipio, descartando la oferta que hizo Comsa de Chile S.A. Esta extravagancia tan conveniente para Consorcio S.A. al mismo tiempo significaría un perjuicio municipal proyectado de $950.782.218. Pero nuevamente, desde la Concertación hasta la Alianza por Chile sentenciaron que “pague moya”, y así fue.

Como es de esperar de este “consorcio por Consorcio”, resistieron juntos el cierre unilateral del contrato de Don Javier S.A., una empresa de segunda categoría para el caso. Los concejales en ejercicio Iván Vuskovic (PC), Carlos Bannen (UDI), Luis Soto (UDI) y Eugenio Trincado (DC) pedían un cierre “conversado” con dicha empresa, pero lo hacían ahora frente a las cámaras de la Alcaldía Ciudadana, vía Facebook y otras redes sociales. El “chantaje” de una supuesta demanda contra la alcaldía se puso sobre la palestra “cual revolver sobre la mesa”. Finalmente, la maniobra no resultó para este grupo de autoridades, pero adivine quiénes iban a verse perjudicados con esta medida.

Coincidentemente, a los mismos nombres de los personajes que protagonizaron este fallido episodio, se sumó hace 5 años el concejal Marcelo Barraza (DC), cuando en una nueva modificación al contrato con la empresa Consorcio S.A., fue aprobado por estos mismos concejales, un incremento del 46% de la tarifa de los primeros 30 minutos. Esta permisiva modificación contractual permitió el alza tarifaria desde $390 a $570, y con ello la municipalidad nuevamente vio diezmadas sus utilidades. A estas alturas imagino que ud. tendrá claro quiénes financian ese aumento día a día. Si, justamente lo pagamos todos cuando cancelamos las tarifas de esos estacionamientos tan caros, estos que no benefician a Valparaíso, estos que no entendemos porque son tan numerosos pero siguen extrañamente operando.

Es claro que con estas autoridades proclives al beneficio privado, es muy probable se sigan tratando de aprobar licitaciones con bases pensadas para que todos perdamos, menos estas abusivas empresas. De esta manera, las respuestas a las interrogantes iniciales son claras y categóricas: estos parquímetros abusivos no se cierran porque hay concejales que en el ejercicio de sus funciones han beneficiado a estas empresas por sobre las y los porteños.  

Lo bueno es que las noticias que emanarán los siguientes días desde Contraloría vendrán a ratificar lo que venimos denunciado desde el 2018, y es que este organismo ha comprobado que a lo largo de las administraciones anteriores, ha prosperado una consecuente y transversal red de autoridades comunales que se han dedicado a menoscabar económicamente al municipio, truncado con ello el bienestar de porteñas y porteños.

La ciudadanía y la administración municipal tenemos el deber de presionar juntos para que estas autoridades paguen los delitos que podrían comprobarse. Porque han perjudicado a Valparaíso cómo han querido y comienza la hora de enfrentar este problema de fondo.Opinion_MatíasOssio

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