Ex presos políticos detenidos por la Armada de Chile en 1973 presentan nuevas querellas por torturas y secuestros

Asociación de Querellantes Salvador Allende presentó acción judicial contra el Estado por secuestros calificados y torturas en la región.

Cinco nuevas querellas por torturas y secuestros calificados presentó este martes la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso, a través de la Asociación de Querellantes Salvador Allende (AQUSA), ante la Corte de Apelaciones. La acción judicial se fundamenta en el secuestro, detención ilegal, torturas, lesiones graves y amenazas de muerte, todos delitos de lesa humanidad, cometidos el año 1973 por agentes del Estado, en este caso de la Armada de Chile, contra prisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar.

La abogada patrocinante, María Cecilia Chinchón, explicó que la acción judicial se presentó ante el Ministro para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, para iniciar la investigación “con la colaboración del Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones más el Servicio Médico Legal para determinar cuáles fueron los delitos que se cometieron en contra de los querellantes” ya que, “a pesar del tiempo transcurrido, hay secuelas sicológicas”.

“Ustedes dirán han pasado más de 40 años, sí, han pasado más de 40 años, pero son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles”, señaló la abogada, contra “personas que estuvieron detenidas en la Academia de Guerra, en el buque de prisión Lebu y en otros lugares de detenciones de la época de acá de la zona”.

La acción judicial se presentó en la forma de querellas individuales “porque son detenciones individuales”, indicó Chinchón, precisando que una querella grupal se justificaría si los afectados “hubiesen sido detenidos de forma conjunta y llevadas a un único centro de tortura, pero no ha sido así. La mayoría son personas que fueron detenidas aquí en la ciudad de Valparaíso, o en otras ciudades de alrededor”.

Al respecto, Héctor Cataldo, presidente de la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Valparaíso y de AQUSA, indicó que “nosotros, desde enero de 2016, casi todos los meses hemos estado presentando grupos de querellas. Las querellas tienen como objeto suplir el rol del Estado que no se ha preocupado de este tema de perseguir la responsabilidad de particulares, de agentes del Estado, de civiles en lo que fueron las torturas y la prisión política durante el período de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, nosotros hemos estado presentando grupos de querellas individuales, donde cada uno de nosotros que estuvo preso, fue torturado, de los que sobrevivimos; a diferencia, por desgracia, de otros compañeros cuyos familiares se han organizado en torno a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos”.

La agrupación ha presentado unas 130 querellas de las 500 en total que ha recibido el ministro Arancibia, no obstante, “tenemos solo una causa que ha pasado de la etapa de sumario al plenario; o sea, que está en proceso propiamente tal. En juicio tenemos alrededor de 10 ex marinos procesados ya por torturas, y esperamos que eso aumente rápidamente en los próximos meses, porque el tiempo ya transcurrido de enero de 2016 hasta ahora es suficiente para que los sumarios empiecen a terminar”.

Cabe señalar que en la región de Valparaíso han sido consignados cerca de seis mil casos de tortura y prisión política durante la dictadura. De esos, “nosotros hemos logrado canalizar a esta iniciativa judicial sólo a 130; entonces, la gran mayoría no ha visto ni ve posibilidades de que se le haga justicia”, comentó Cataldo, aclarando que no es “solo en el sentido que, a lo mejor, se abre una puerta para una reparación económica, una indemnización, que es una posibilidad, sino para que se conozca quienes fueron sus torturadores y se conozca la historia real que hay detrás de sus dramas personales y familiares. Claro que es una tarea pendiente y por eso nosotros reclamamos mucho que las autoridades del Estado no se hagan cargo, dado que tienen los recursos profesionales para hacer las cosas bien”.

Al respecto, el presidente de la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos detalló las dificultades que han enfrentado para visibilizar su situación y para que el Estado asuma su responsabilidad. “Nosotros aquí en Valparaíso estuvimos dos meses en huelga de hambre y al final recibieron a otros compañeros, los cuales fueron los que negociaron con el gobierno, y terminaron dando una especie de bono de término de conflicto de un millón de pesos y todo lo demás se diluyó y culminó con que Michelle Bachelet presentara un proyecto de ley de indemnización la última semana de su gobierno y, naturalmente, la derecha se dio el lujo de retirarlo de trámite. Esa es una revictimización permanente a la que estamos siendo sometidos quienes fuimos víctimas de esta acción del Estado”.

“Nos dicen muchas veces que somos una especie de Quijotes contra molinos de vientos”, concluye Cataldo, “y lo peor que ni siquiera tenemos lanzas para enfrentar los molinos de viento, pero pensamos que nos asiste completamente la razón: si el Estado torturó, debe indemnizar; si no indemniza, es porque no hay voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política?, porque los grupos que están enquistados en el poder tienen otros intereses, otras intenciones, y los Derechos Humanos siempre han sido moneda de cambio, nos han dejado de lado en beneficio de otras iniciativas, y eso no es correcto, no es ético, no es moral, y por eso vamos a seguir dando la cara, siendo la reserva ética y moral en ese terreno. No podemos aflojar”.

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