El diputado Jaime Naranjo presentó un Proyecto de Resolución en el que solicita al Presidente de la República eximir el copago por concepto de cuentas hospitalarias básicas, intermedias e intensivas causadas por el COVID-19 a los afiliados de FONASA que se encuentren en los tramos C y D, en determinadas circunstancias.

La que se busca, señaló el diputado del Partido Socialista, es que “el copago otorgado por el propio Minsal se ajuste a nuestra actual realidad pues el escenario que estamos enfrentando refleja un descenso significativo de la clase media y baja. Persigue que, al menos a los afiliados de Fonasa se les amplíe el acceso a la gratuidad respecto de las prestaciones de salud relacionadas al COVID-19, en todos sus tramos, sin excepción, o al menos en ciertos casos se eleve el porcentaje de cobertura por parte del Fondo Nacional de Salud”.

En FONASA existen cuatro tramos, dependiendo del nivel de ingresos. Para el tramo A y B y para las personas C y D que tengan más de 60 años, atenderse en la red pública es gratis. Para los tramos C y D que sean menores de 60 años, la bonificación en la red pública es de un 90% y un 80%, respectivamente. El resto de la cuenta la paga el afiliado. Si el paciente es derivado desde la red pública a una clínica, tendrá la misma cobertura que hubiese tenido en el hospital.

Según datos obtenidos del Minsal, el costo por paciente hospitalizado por COVID-19 en clínica es de entre $1,2 millones (si no requirió ventilación mecánica) y $18 millones (sí la necesitó), dependiendo de la cantidad de días que debió permanecer bajo tratamiento en el recinto.

El objetivo final es que, “si la prestación no llegase a tener costo cero para el paciente, al menos pague una cuenta más acorde a la realidad socioeconómica que hoy vive”, indicó el parlamentario, agregando que “es de toda lógica no desconocer que han aumentado considerablemente el número de cesantes, muchos están haciendo uso de su seguro de cesantía, otros se encuentran con sus contratos de trabajo suspendidos, con reducción de jornada laboral o se encuentran recibiendo alguno de los ingresos de emergencia que ha aprobado el Congreso Nacional”. Por lo tanto, concluye Naranjo, en estas circunstancias de crisis, “con mayor razón el Estado debe actuar como un ente protector, empático, conectado con la ciudadanía”.