El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi Serrano (RD), ofició este martes a la Contraloría General de la República para que investigue los criterios utilizados por el Ministerio de Salud para la selección de las dos agencias de viajes que gestionaban los hoteles de tránsito que debían utilizar los viajeros que ingresaban al país durante la pandemia.

Se trata de las agencias Cocha y Travel Security, las que, según un reportaje, se habrían embolsado casi 3.500 millones de pesos a través de comisiones. En el oficio, el parlamentario solicita que, además de establecer los criterios utilizados para elegir sólo a estas dos agencias, que son las más grandes del mercado, se den a conocer los detalles de los contratos y los posibles conflictos de interés.

“Efectivamente necesitamos un control de las fronteras muy riguroso y tener certezas de las condiciones de salud de las personas que ingresan al país, pero llama la atención la elección de las dos agencias, que fue sin licitación, sino que de manera directa, y donde ha habido un negocio millonario de 3.500 millones de pesos. Por tanto lo que le solicitamos a la Contraloría es que se dé cuenta de estos contratos y los posibles conflictos de interés que podrían existir. No pueden haber dudas en todo lo que tiene que ver con residencias sanitarias y hoteles de tránsito. Esperamos tener una respuesta pronta por parte de la Contraloría”, explicó el diputado del Frente Amplio.

Por último, en el oficio también se pide que se esclarezcan las razones del cambio de criterio para la reserva de los hoteles de tránsito, ya que desde el 26 de julio no es necesaria la intermediación de las dos agencias señaladas.