· Denuncian, además, el negocio de cesáreas en Chile, donde en el sistema de salud privado llegan al 73%.

En el marco de la “Semana Mundial de Parto Respetado” que se celebra cada tercera semana de mayo con la finalidad de visibilizar los derechos de las personas gestantes y recién nacidas durante los procesos de gestación, nacimiento y postparto, la Coordinadora por los Derechos de Nacimiento de Chile, junto a las parlamentarias Gael Yeomans, Erika Olivera y Claudia Mix, entregaron una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando considerar y destinar los recursos necesarios para la implementación de la “Ley Adriana” en el presupuesto nacional, con una mirada integral, que suponga también financiamiento para salud mental.

El proyecto de Ley se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Salud de la Cámara tras casi dos años de trabajo en la Comisión de Mujer y Género. El objetivo de la iniciativa es cambiar la manera de nacer en Chile, promoviendo una atención médica libre de violencia durante la gestación, parto, postparto y en las causales de aborto permitidas en la ley.

Mónica Candia, matrona representante de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento, miembro además de la Mesa de Parto Respetado, destacó la gravedad de la situación de violencia ginecobstétrica en nuestro país. “En Chile, por ejemplo, se negocia con el nacimiento y la salud de las mujeres y sus hijas e hijos. Los índices de cesáreas innecesarias son abismantes. En el sistema de salud privado llegan al 73%, y en el sistema público alcanzan un 49%. Hay regiones del país donde las cesáreas sobrepasan el 90% de los nacimientos, afectando no solo la salud física y psicológica de madres e recién nacidos, sino también la primera etapa del apego”, denunció.

María José Morales y Fabiola Yáñez, miembros de la Coordinadora por el Derecho al Nacimiento de Chile, destacaron la necesidad de abordar el tema de la violencia ginecobstétrica desde todas sus dimensiones, incluyendo la de salud mental y la reparación del daño causado a las víctimas que hoy se encuentran abandonadas. Asistió a la actividad también la directora de Fundación Humanas, Camila Maturana.

“Vinimos a pedir presupuesto para financiar una ley tan necesaria para nuestro país. La Ley Adriana no es una iniciativa legislativa a corto plazo, debe ser una política pública que modifique el funcionamiento de la salud, apostando a un cambio de paradigma donde los derechos de salud reproductivos de las mujeres tengan prioridad.   La iniciativa cuenta hoy, por primera vez, con un apoyo transversal del Colegio Médico y del Colegio de Matronas, entendiendo que podría beneficiar a 200 mil mujeres anualmente. Esta es una propuesta contenida en nuestro programa de gobierno, así que esperamos tenga una buena acogida, se concrete, se apruebe y se promulgue con el patrocinio del gobierno”, señaló la diputada Claudia Mix, una de las gestoras del proyecto.

Por su parte, la diputada Erika Olivera formuló un llamado directo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a destinarle recursos en el presupuesto de la nación. “Él es quien maneja la billetera fiscal y por lo tanto le pedimos que pueda reunirse con los otros ministerios involucrados para apoyar este proyecto, en razón que el número de mujeres beneficiadas es muy alto, así como también da protección a niños y niñas. Es un proyecto de protección a la vida y por ello me sumo”, señaló.

La diputada Gael Yeomans llamó la atención sobre los cientos de casos y testimonios recibidos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. “Es importante visibilizar los casos de violencia ginecobstétrica y evitar que sigan ocurriendo. Para ello, se necesita el respaldo financiero del Gobierno. Estamos pidiéndole al Gobierno evaluar el financiamiento de la Ley Adriana; entendemos que este deba hacerse gradualmente, pero queremos asegurarnos de que exista”, indicó.