· Un alarmante caso de afectación al erario público y a la infraestructura del país ha surgido en Chile. En efecto, la multinacional española Abertis, por medio de su filial Vías Chile, ha conseguido evitar el pago de multas impuestas por el Estado chileno en 2017, las cuales ascienden a 57.540 unidades tributarias mensuales (UTM), o 3.640 millones de pesos.

En lugar de pagar las multas, esa empresa optó por una estrategia de desvío, comprometiéndose a ejecutar una obra adicional valorada en sólo 1.300 millones de pesos del año 2017. Este acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Consejo de Defensa del Estado (CDD) y Ministerio de Hacienda dentro del contrato de concesión con Autopista Los Andes S.A., filial de Vías Chile, de la obra pública Camino Internacional Ruta 60-CH.

Según la documentación oficial recientemente accesible, la concesionaria autorizó y construyó de manera ilegal, con su mandataria OHLA S.A. también española, la obra adicional en cuestión, pues se ejecutó en terrenos privados, sin título ni autorización para ello.

Esta obra fue abandonada, sin ser entregada por la concesionaria al Estado de Chile hasta el día de hoy.

“Todo lo anterior, en nuestra opinión, constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del concesionario bajo la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile. Con este proceder, además del perjuicio al erario público, tiene repercusiones negativas en la ciudadanía dado que no se ha entregado una obra pública prometida”, señaló Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, denunciante junto a Michel Cartes, de la lnmobiliaria San Bartolomé.

La maniobra de la filial de Abertis S.A. no sólo ha afectado al erario público y a la infraestructura del país, sino también abre el debate sobre la eficiencia del gasto público en el contexto de una nueva reforma tributaria, pues, por un lado, existe una notable disparidad entre el monto de las multas y el valor de la obra adicional y, por otro lado, no se han establecido mecanismos efectivos que garanticen que la concesionaria cumpla con su compromiso.

Cabe recordar que los entes estatales involucrados, el MOP y el CDE, hace seis años aprobaron el “acuerdo” de las multas y la obra adicional, y el Ministerio de Hacienda autorizó la conciliación, posiblemente sin percatarse de sus nefastas consecuencias para el interés público.

“La revelación de este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de que exista una mayor supervisión y transparencia en la gestión de los contratos de concesión, y una revisión profunda a este sistema de transacciones, para así garantizar que se protejan los intereses nacionales”, sostuvo Herman.