Las cifras de la encuesta CASEN 2022 demuestran que el camino para disminuir la pobreza no es sólo de crecimiento económico. El crecimiento, debe ir de la mano con una distribución justa de la riqueza y con la generación de condiciones de igualdad y dignidad para todas las personas de nuestro país. La reducción de la pobreza  por ingresos en un 6,5% – la tasa de pobreza más baja en la historia de Chile -, nos entrega buenas noticias; sin embargo, no somos complacientes; aún existen en Chile muchas personas que viven en situación de pobreza; ellos son el foco de nuestras acciones.

Aunque hemos logrado avances notables en asegurar el bienestar de las familias y el crecimiento del país, con diversas medidas y acciones en materia de seguridad económica y seguridad social, a través de la normalización de la economía, la presentación de proyectos de ley y reformas pensadas para mejorar la vida de las personas, aún hay mucho por hacer: Mejorar las pensiones de los más de dos millones de jubilados y jubiladas, ahora, y no en treinta años más; o garantizar acceso digno a la salud, es prioritario.

Los resultados implican el desafío de intensificar el trabajo de nuestro Gobierno en dirección a la elaboración de políticas públicas en donde el Estado no titubee y actúe decididamente en la senda de garantizar derechos sociales para todas las familias chilenas, para las que viven en situación de pobreza, pero también para la clase media trabajadora, aquellos que sin estar bajo el umbral de la pobreza, viven con incertidumbre el día a día. Esto requiere planificación responsable y, por cierto, recursos.

Chile es un país rico, y tenemos el deber político y moral de redistribuir de mejor manera su riqueza para retroceder la pobreza e ir más allá combatiendo la desigualdad. Desigualdad estructural que sigue siendo enorme: el 10% más rico captura el 30% de los ingresos que se generan en el país. Por eso, urge un nuevo pacto fiscal que nos permita financiar adecuadamente y asegurar derechos sociales.

Un nuevo pacto fiscal es condición sine qua non para avanzar hacia un Chile desarrollado, con justicia social y un mejor futuro, en donde el rol del Estado como garante de protección social no dependa del gobernante de turno; un Estado de bienestar que, en conjunto con un nuevo modelo de desarrollo y un enfoque de crecimiento sostenible e integral, aborde las inseguridades económicas, sociales e individuales que enfrentan las personas y consolide más y mejores derechos sociales. El Estado de bienestar es esencial como punto de partida para que las personas puedan forjar su propio camino hacia la felicidad; por eso, no debe ser visto como una forma de vivir sin esfuerzo, sino como el mantenimiento de un nivel mínimo de calidad de vida de todos quienes habitamos este país.

María Fernanda Moraga
Secretaria Regional Ministerial de Gobierno
Valparaíso