Carta a la redacción.

Las consecuencias del conflicto entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP), ya se están haciendo sentir y como siempre los más afectados son las personas más vulnerables, en este caso, quienes esperan decisiones que solo pueden ser procesadas por el ISP.

Recordemos que este conflicto surge porque el Ministerio de Salud desautorizó la alerta emitida por el ISP respecto de una contaminación de varios productos del Laboratorio Sanderson. La alerta del ISP implicó una grave alteración del funcionamiento de la red asistencial, lo que demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y la dependencia excesiva con algunos proveedores (muy cuestionados como en este caso). El MINSAL no solo minimizó la alerta que emitió el ISP, sino que también decidió remover a su recientemente asumido Director.  Esto provocó una airada respuesta de las organizaciones de trabajadores, los que se han movilizado generando otros trastornos en el ámbito de la salud.

Una movilización en una Entidad Reguladora, que tiene la potestad indelegable de autorizar, por ejemplo, el ingreso de medicamentos es altamente nociva para la salud pública. El ISP, además de regulador, es proveedor de servicios (una dualidad incompresible) procesando exámenes de manera exclusiva y de notificación obligatoria (VIH) o la autorización de Registros Sanitarios de todo tipo de productos, desde medicamentos, dispositivos médicos hasta cosméticos.

Los conflictos de estas características deben canalizarse de otra manera y no jugando con la salud de la población para hacer demostraciones de fuerza. No puede ser que quienes enarbolan las banderas de la Salud Pública sean los primeros en secuestrarla cuando se ven afectados sus intereses particulares.

Atentamente,
Daniel Zapata Zapata