En toda comunidad, los conflictos son parte inevitable de la convivencia. Afortunadamente, existen instancias formales como la mediación comunitaria o la denuncia ante el Juzgado de Policía Local, que permiten canalizar reclamos y diferencias cuando las conversaciones internas no han dado resultado. Estas herramientas son valiosas, tanto para los comités como para los propios residentes, ya que ofrecen una vía legal y ordenada para resolver situaciones difíciles.
Sin embargo, hay un fenómeno que se repite con demasiada frecuencia y que es importante visibilizar: personas que no participan nunca en la vida comunitaria, que no asisten a asambleas, no responden encuestas, no aportan ideas, pero aparecen con fuerza solo cuando algo les molesta… sin siquiera tener claridad sobre la Ley de Copropiedad ni sobre las atribuciones del comité ni de la administración.
Recientemente, fui citada a una mediación por una residente que presentó una larga lista de reclamos. En su discurso mezcló temas legales, decisiones del comité, molestias personales con la constructora, incluso problemas dentro de su propio departamento que no son competencia de la administración. Cuestionó el aumento del gasto común, pese a que ese condominio cuenta con uno de los comités más activos y comprometidos que he conocido, donde se han realizado mejoras reales: cambio de personal, modernización del sistema de iluminación, compra de equipos de limpieza, mejoras en la seguridad, y todo debidamente aprobado y documentado.
Además, reclamó por la falta de información sobre los gastos, cuando en realidad la rendición mensual de cuentas es detallada, transparente y entregada directamente al comité, como exige la ley. Ningún cobro se emite sin la aprobación correspondiente, y el gasto común se publica en plataforma con cada ítem bien detallado.
También me responsabilizó por temas como ruidos de la sala de bombas, el lugar donde la constructora instaló el área de juegos, e incluso por no atender temas dentro de su unidad… cosas que claramente no forman parte del rol de la administración, ni están dentro de mis facultades legales. La mediadora, con mucha claridad y respeto, le explicó sus errores de interpretación y le recordó su responsabilidad como copropietaria de asistir a asambleas y mantenerse informada.
Situaciones como esta nos invitan a reflexionar: participar en comunidad no significa solo reclamar cuando algo molesta. Significa involucrarse, informarse y contribuir. Reclamar sin conocer el marco legal, sin entender cómo se toman las decisiones ni cómo se distribuyen los gastos, solo genera más conflicto y desgaste para todos.
Como administradora, mi compromiso es trabajar con profesionalismo, transparencia y dentro del marco legal. Pero no puedo —ni debo— asumir responsabilidades que no me corresponden. La buena convivencia se construye con voluntad, respeto y participación real, no desde la queja aislada ni desde el desconocimiento.
Yarella Núñez
Administradora
ASADEDYCON
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan las del Diario La Quinta.
Categories: Sin categoría

























