@jbustos_b 

//  La entrevista de José Antonio en El Mercurio del último día de mayo revela más que un balance de gestión: muestra la visión de país que intenta instalar su gobierno. Una visión donde el orden parece importar más que la justicia social y donde las consecuencias reciben más atención que las causas.

En la extensa entrevista publicada por El Mercurio antes de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast insistió en una idea que se repite a lo largo de sus respuestas: «las personas tenían una expectativa muy alta» y, por lo mismo, hizo un llamado a “la esperanza”. La frase parece razonable. Sin embargo, encierra una pregunta que merece ser discutida. ¿Quién construyó esas expectativas?

No fueron los trabajadores, los jubilados ni las familias endeudadas quienes prometieron soluciones rápidas a la delincuencia, al crecimiento económico o a la crisis migratoria. Fueron los propios candidatos durante la campaña. Por eso, cuando un gobierno llama a moderar las expectativas apenas iniciada su administración, lo que realmente está diciendo es que la realidad es más compleja de lo que se prometió. Y eso no es un problema de esperanza. Es un problema de responsabilidad política.

La entrevista permite observar con claridad cuáles son las prioridades del nuevo gobierno. Seguridad, migración, control del orden público y fortalecimiento del sistema penal ocupan buena parte de la conversación. Lo que casi no aparece es igualmente revelador. Hay muy poco sobre salarios, pensiones, endeudamiento de los hogares, concentración de la riqueza, negociación colectiva, vivienda o desigualdad. Es decir, se habla extensamente de cómo controlar los efectos de la crisis social, pero casi nada de las causas que la generan.

Este punto es fundamental porque existe una diferencia profunda entre la visión que entiende la seguridad como un problema policial y aquella que la entiende como una cuestión social. Para millones de chilenos, la inseguridad no comienza cuando ocurre un delito. Comienza cuando el sueldo no alcanza para terminar el mes. Comienza cuando una enfermedad puede transformarse en una catástrofe económica. Comienza cuando un joven estudia durante años y descubre que el mercado laboral no le ofrece oportunidades acordes a su esfuerzo. Comienza cuando una persona trabaja toda su vida y llega a la vejez con una pensión insuficiente para vivir dignamente.

La verdadera seguridad no es solamente caminar tranquilo por una calle. También es saber que el trabajo permite vivir con dignidad. Que existe acceso oportuno a la salud. Que los hijos tendrán oportunidades mejores que las de sus padres. Que la vejez no será una condena a la pobreza. Reducir la seguridad exclusivamente al ámbito policial es dejar fuera gran parte de las preocupaciones reales de la población.

Otro aspecto relevante aparece cuando el José Antonio afirma que ciertas individualidades no constituyen derechos sociales. Detrás de esa frase existe una definición ideológica que vale la pena examinar. Los derechos sociales no nacieron para proteger abstracciones. Nacieron precisamente para proteger personas concretas. La educación la recibe una persona. La atención médica la recibe una persona. La vivienda la necesita una persona. La pensión la recibe una persona.

Lo curioso es que quienes suelen cuestionar el gasto social por beneficiar a individuos rara vez utilizan el mismo argumento cuando se trata de subsidios, exenciones tributarias, franquicias o ayudas estatales dirigidas a grandes grupos económicos. Allí los beneficios particulares suelen presentarse como incentivos al desarrollo. Cuando se trata de trabajadores, estudiantes o jubilados, pasan a ser considerados gastos que deben ser contenidos. Esa diferencia de criterio no es técnica. Es política.

También llama la atención el silencio sobre uno de los problemas estructurales más importantes del país: la concentración económica. Chile puede mostrar cifras de crecimiento, inversión o exportaciones, pero mientras la riqueza continúe concentrándose en pocas manos, una parte importante de la ciudadanía seguirá percibiendo que el progreso ocurre lejos de su propia realidad. El crecimiento económico es importante, pero no basta. La pregunta relevante es quién se beneficia de ese crecimiento y cómo se distribuyen sus frutos.

Pero existe una pregunta aún más molesta que la entrevista evita por completo. ¿Qué revela una sociedad que destina más recursos a mantener a una persona en prisión que a alimentar adecuadamente a un niño o a un joven que estudia? No se trata de cuestionar que los internos reciban alimentación, atención médica o condiciones dignas. Eso es una obligación básica de cualquier Estado civilizado. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué somos capaces de encontrar recursos para administrar las consecuencias del fracaso social, pero no mostramos la misma decisión para evitar que ese fracaso ocurra?

Durante años se ha repetido que faltan recursos para fortalecer la educación pública, mejorar la alimentación escolar, ampliar programas de apoyo estudiantil o garantizar mejores condiciones para miles de jóvenes. Sin embargo, cuando se trata de ampliar cárceles, aumentar la población penal o reforzar los sistemas de control y vigilancia, el Estado encuentra recursos con una rapidez sorprendente. Allí aparece una contradicción moral que ningún discurso sobre seguridad puede ocultar.

Porque una sociedad revela sus prioridades no por lo que declara, sino por lo que financia. Y cuando el Estado termina gastando más en el encierro que en la formación de sus niños y jóvenes, la señal es devastadora. Significa que hemos aceptado como normal invertir más en corregir el daño que en prevenirlo. Más en castigar que en educar. Más en administrar la exclusión que en construir oportunidades.

Una celda cuesta más que un pupitre. Un gendarme cuesta más que un profesor. Una cárcel nueva cuesta más que una escuela nueva. Sin embargo, seguimos escuchando debates sobre cómo ampliar la capacidad penitenciaria, mientras miles de establecimientos educacionales enfrentan carencias materiales, déficit de infraestructura y dificultades para entregar oportunidades reales a quienes más las necesitan.

Esto no significa restar importancia a la lucha contra la delincuencia. El delito debe combatirse con toda la fuerza de la ley. Pero una sociedad que sólo responde construyendo más cárceles corre el riesgo de administrar indefinidamente los resultados de la exclusión sin enfrentar las condiciones que la producen. Ninguna cárcel reemplaza una buena escuela. Ningún operativo policial reemplaza un empleo digno. Ninguna estadística de control migratorio reemplaza una política de desarrollo que permita a las personas construir un futuro mejor.

La entrevista de Kast refleja una visión de país donde el orden aparece como condición suficiente para el progreso. Sin embargo, la experiencia demuestra que el orden sin justicia social suele ser frágil. Puede contener los conflictos durante un tiempo, pero difícilmente resuelve las tensiones que los originan.

Por eso el llamado a “la esperanza” realizado por el presidente merece una respuesta serena, pero firme. La esperanza no se construye con frases ni con consignas. La esperanza nace cuando el trabajo permite vivir con dignidad. Cuando los jóvenes pueden proyectar un futuro. Cuando los jubilados dejan de ser pobres. Cuando la educación vuelve a ser una herramienta de movilidad social y no un privilegio. Cuando la riqueza producida por todos beneficia efectivamente a la mayoría.

Porque la verdadera pregunta para Chile no es cuántas cárceles más podemos construir. La verdadera pregunta es cuántos niños, niñas y jóvenes estamos dispuestos a salvar antes de que lleguen a ellas.

o, las autoridades siguen actuando como si los territorios fueran simples plataformas de sacrificio al servicio del modelo exportador chileno.

Las denuncias realizadas durante la evaluación vuelven todavía más escandalosa la aprobación. La Municipalidad de Santo Domingo denunció que parte de los estudios marinos se realizaron sin permisos obligatorios del SHOA ni autorizaciones de SUBPESCA. Incluso se denunciaron resoluciones correspondientes a otras regiones. Y aun así la maquinaria administrativa siguió avanzando.

Aquí ya no estamos hablando solamente de diferencias de criterio técnico. Estamos hablando de autoridades que parecen haber perdido completamente el sentido de la responsabilidad pública. Porque cuando una línea de base ambiental presenta cuestionamientos de esta magnitud, lo mínimo esperable de una autoridad seria habría sido detenerse, exigir aclaraciones profundas y actuar con prudencia. Pero eso habría requerido estudio, independencia y valentía política. Mucho más fácil era votar a favor y sumarse a la fotografía de celebración.

La tragedia de la institucionalidad chilena no es solo la presión empresarial. Es también la mediocridad de una parte de su dirigencia administrativa. Autoridades que administran expedientes gigantescos con una superficialidad alarmante. Funcionarios políticamente disciplinados que parecen más preocupados de no incomodar al gobierno de turno que de cumplir rigurosamente el mandato legal que tienen.

Porque la pregunta de fondo sigue siendo brutalmente simple: ¿cuántos de los que votaron realmente estudiaron a fondo el expediente completo antes de levantar la mano?

Y esa duda destruye buena parte de la legitimidad de esta aprobación.

El costo humano además fue tratado con la misma frialdad burocrática habitual. Más de un centenar de hogares deberán ser reasentados. Decenas de unidades productivas desaparecerán. Playa de Llolleo perderá parte importante de su existencia como espacio comunitario y cultural. Actividades tradicionales como la pesca chinchorro quedarán prácticamente arrasadas. Pero en la lógica tecnocrática dominante, todo parece reducirse a compensaciones económicas y cuadros Excel.

Chile firmó el Acuerdo de Escazú hablando de democracia ambiental, transparencia y participación. Pero en la práctica muchas comunidades siguen enfrentando instituciones que escuchan poco, leen menos y deciden rápido.

Por eso la aprobación unánime del Puerto Exterior no representa una demostración de fortaleza institucional. Representa exactamente lo contrario: una institucionalidad ambiental debilitada, apurada y cada vez más desconectada de los territorios que dice proteger.

Y probablemente serán otra vez los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema quienes deban hacer el trabajo de revisión seria que la COEVA simplemente no quiso hacer.