El Instituto de Salud Pública ocupa un lugar decisivo en la arquitectura sanitaria del país. No es una oficina cualquiera: según su propia misión institucional, está llamado a promover y proteger la salud de la población, y en el ámbito de los medicamentos su agencia ANAMED declara que debe garantizar calidad, seguridad y eficacia. Precisamente por eso, resulta legítimo y necesario examinar críticamente qué ocurre cuando sus decisiones producen, en los hechos, menos acceso, más demora y mayores barreras para pacientes, investigadores y proveedores de medicamentos e insumos.

El punto no es negar la necesidad de regulación. Toda autoridad sanitaria seria debe exigir evidencia, control y trazabilidad. El problema aparece cuando esa función deja de percibirse como una garantía para la salud pública y empieza a operar, por sus efectos, como una estructura de bloqueo. En ese escenario, más que afirmar una intención, lo que corresponde es advertir una sospecha inquietante: que ciertas decisiones del ISP parecen priorizar la preservación de barreras regulatorias aun cuando sus costos sociales y sanitarios son evidentes.

Esa sospecha no surge del prejuicio, sino del patrón. En investigación clínica, el ISP cumple un rol central porque autoriza o deniega el uso de productos farmacéuticos en investigación y fiscaliza la conducción de los estudios. Y, sin embargo, actores del ecosistema han advertido que Chile necesita agilizar procesos y reducir trabas si quiere seguir siendo competitivo en atracción de ensayos clínicos, ya que los tiempos regulatorios influyen directamente en la decisión de iniciar estudios en el país.

Algo similar ocurre cuando las decisiones regulatorias terminan restringiendo la oferta disponible en vez de resguardar mejor a la población. La Fiscalía Nacional Económica informó que una regulación del ISP en el mercado de tratamientos articulares redujo de forma significativa la cantidad de oferentes y productos disponibles, con menos alternativas para pacientes y profesionales, mayor concentración y mayores precios, hasta que la regulación fue modificada. A la luz de antecedentes como ese, no parece abusivo preguntarse si el ISP está calibrando adecuadamente el impacto competitivo y sanitario de sus decisiones.

El ISP debe ser exigente, pero también proporcional; técnico, pero también consciente de sus efectos reales; riguroso, pero no inmóvil. Regular no puede equivaler a obstaculizar. Si la institución que debe proteger la salud de la población empieza a ser vista, por los efectos de sus actos, como una barrera más que como una garantía, entonces el problema ya no es solo administrativo: es un problema de salud pública.

Atentamente,
Daniel Zapata Zapata
Farmacia Daniela