Que el Instituto de Salud Pública haya debido prohibir el funcionamiento de locales de Farmacias Ahumada por incentivos ilegales en la venta de medicamentos no es un problema aislado, es la continuación de una forma de hacer negocios en el sector farmacéutico. Hoy hablamos de una cadena que, tras la venta concretada en mayo de 2023 por Walgreens Boots Alliance, quedó bajo el control de un consorcio de inversionistas liderado por el fundador y ex dueño de Farmacias Cruz Verde, Guillermo Harding, precisamente en una industria marcada por la colusión de precios y sanciones ejemplares en el pasado.

Resulta difícil pedirle al público que crea que estos incentivos maliciosos fueron diseñados solo para los tres locales fiscalizados. Una cadena opera con protocolos comerciales que se replican en cientos de farmacias; si se constata un esquema ilegal en algunos puntos de venta, la presunción razonable es que la instrucción permea al resto. Por eso, cuando se multa con un millón de pesos a un local, el criterio debiera extenderse a las más de 400 sucursales que comparten lineamientos centrales: sancionar a la cadena como conjunto, no al “chivo expiatorio” que tocó ser fiscalizado ese día.

Mientras las autoridades insistan en mirar estos casos como “incidentes puntuales” y no como parte de estrategias de negocio de cadenas que operan a escala nacional, seguiremos administrando la indignación en cuotas: un sumario por aquí, una clausura parcial por allá, y luego planes de expansión y rebranding como si nada. Si queremos tomarnos en serio el derecho a acceder a medicamentos sin ser objeto de abuso sistemático, las sanciones tienen que hablar el lenguaje de las cadenas: proporcionalidad real, aplicación al conjunto de locales y memoria de sus antecedentes en colusión y malas prácticas.

Atentamente,
Daniel Zapata Zapata