@patricioherman.cl

//  Como una necesaria introducción por su importancia, nos pareció muy bien que la semana pasada el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) haya rechazado la destitución del gobernador regional metropolitano de Santiago, Claudio Orrego. En efecto, la autoridad de la región más gravitante del país le dio un contundente tapabocas a los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI, quienes interpusieron ese requerimiento exclusivamente por razones políticas, denunciándolo con falsedades tontas las que, por lo mismo, no pudieron prosperar, motivo más que suficiente para que, a partir de ahora, las próximas acusaciones judiciales deberían ser correctamente argumentadas.

Ahora bien, el Gobierno, apoyado por la prensa que le es incondicional, desea entregarle, a través de maximizar ciertos indicadores, nuevos y mayores beneficios constructivos, y por lo tanto económicos, a la industria inmobiliaria, ahora vía una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que objetamos con sólidos fundamentos en la Contraloría General de la República. El hacendoso y mediático ministro Iván Poduje, según dijo, «para hacerle pequeños ajustes a su texto», se vio en la obligación de retirar el correspondiente Decreto Supremo N° 68 del trámite de toma de razón del ente fiscalizador.

Sobre esta materia, en días recientes un medio de comunicación tradicional publicó una destacada nota titulada «Regular estacionamientos y habitantes según tamaño de la vivienda: Expertos plantean ajustes en cambios a la OGUC» con epígrafe «Documento fue coordinado por el CEP». Si hay lectores que desconozcan la sigla CEP, les informamos que se trata de una influyente organización sin fines de lucro, creada en dictadura, dirigida por «prohombres» de derecha afines a ese gobierno, por lo tanto, vinculados a la actual administración de Kast. Ocho profesionales fueron convocados por el CEP para que formulen las modificaciones, que buscan, según Poduje, reducir los precios de las viviendas (sic) y reactivar ese sector económico.

En relación a este cambio regulatorio, muchos alcaldes de oposición lo han cuestionado porque, si entra en vigor tal como está concebido, según ellos, todas las comunas se llenarán de guetos verticales, aludiendo a los edificados en la comuna de Estación Central, lo que es un garrafal error, ya que esas altas torres habitacionales se levantaron, durante la alcaldía de Rodrigo Delgado, al margen de las disposiciones legales para esa comuna, lo que fue resuelto por la Contraloría, por el propio Minvu y por la Corte Suprema. Dicho sea de paso, cuando previamente ejercía Gustavo Hasbún el cargo de alcalde, se respetó un oficio de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu que impedía esas edificaciones.

Lo que sí incide en las mayores alturas de los edificios es el cambio que se propone, en orden a reducir la superficie de los terrenos de 5.000 m2 a 2.500 m2, para que los proyectos inmobiliarios sean considerados como Conjuntos Armónicos, ya que así, en terrenos más pequeños, los inversionistas podrán aumentar en un 25% las alturas contempladas en los planes reguladores comunales. En vista de ello, le proponemos en este acto al mismo Poduje, quien deberá reingresar el nuevo texto de la OGUC a la Contraloría y a los profesionales del CEP, que se prohíba la recurrente trampa de edificar una minúscula garita al costado de un alto edificio, para que así el director de obras municipales acepte que el proyecto sea considerado Conjunto Armónico, aunque no se trate de un «grupo de edificaciones relacionadas entre sí que forman una unidad espacial propia, distinta al carácter general del barrio o del sector donde se emplazan».

Dado que uno de los integrantes del grupo de trabajo del CEP es el serio y afamado arquitecto Luis Eduardo Bresciani, esperamos que él ejerza su rol de académico para terminar con el engaño contemplado en el artículo 6.1.8 de la OGUC, que admite la vulneración de las normas urbanísticas fijadas en los planes reguladores comunales, cuando se trata de edificios de cuatro pisos con departamentos calificados como «viviendas económicas DFL2». Recordemos que años atrás, Bresciani intentó eliminar esta pillería, pero lamentablemente, por razones fuera de su control, no pudo ejercer su atribución. En paralelo, debido a que hay recurrentes falencias con los estudios de los conos de sombra, es preciso que la DDU del Minvu instruya a los directores de obras municipales para que se resguarde adecuadamente la luminosidad de las viviendas unifamiliares situadas en terrenos que colinden con torres en altura, lo que también debería hacer la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) con sus adscritos.

Asimismo, sería complejo reducir la cantidad de estacionamientos para los edificios situados a menos de 600 metros de un modo de transporte público, como se considera en este cambio regulatorio, conociéndose el aumento del parque automotor. Según cifras oficiales, en el año 2025 ingresaron al país 310.598 vehículos y con esta medida lo único que se logrará es acrecentar el precio de mercado de los mismos, con ganancias adicionales para sus constructores, habida cuenta que sus roles del impuesto territorial son independientes de los departamentos que conforman los edificios.

Con motivo del incendio en una residencia de ancianos el sábado reciente en la comuna de Pitrufquén, que significó la muerte de 15 de ellos, le recordamos a Poduje que es indispensable incorporar a la brevedad el Decreto N° 23 de 2025 en la OGUC, acto administrativo que el 26 de marzo de 2026 fue retirado por él mismo de la Contraloría para revisarlo. Este decreto, de carácter técnico, es urgente pues busca mejorar la calidad de la construcción acorde a los tiempos actuales enmarcándose en los estándares de seguridad mundiales.

Aprovechando la ocasión, aunque el asunto del impropio negocio inmobiliario de las FFAA en predios e inmuebles cedidos por el Estado para sus necesidades institucionales no se relaciona con la OGUC, estimamos que el olvidadizo Poduje debe cumplir su palabra para que se regularice a la brevedad este asunto que está radicado, en un proyecto de ley, desde hace años en la Cámara de Diputados.

Por último, a sabiendas que nuestras autoridades han sido renuentes en prevenir desgracias, a la luz del cambio climático y de las trágicas experiencias de inundaciones que hemos vivido últimamente, sería prudente que se exijan en la OGUC, previo a las autorizaciones municipales, los estudios pertinentes del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) cuando los proyectos estén afectados por zonas de remoción en masa, ello aunque se retrasen un poco las aprobaciones de los permisos de edificación.

Patricio Herman
Presidente
Fundación Defendamos la Ciudad

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