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// La discusión del Presupuesto 2027 ha puesto nuevamente sobre la mesa la responsabilidad fiscal. Pero hay una pregunta que merece igual atención: ¿cuánto le cuesta al país aquello que el Estado deja de prevenir?

Chile enfrenta un problema que trasciende la congestión de sus tribunales: la creciente dependencia de la vía judicial para hacer efectivos derechos que deberían contar con mecanismos oportunos de protección. Cuando se reducen recursos destinados a la protección de la infancia, el acompañamiento familiar, el empleo o el acceso a la justicia, no basta con calcular el ahorro inmediato. También debemos evaluar las consecuencias de esas decisiones.

Como abogada dedicada a la defensa de derechos fundamentales, conozco la distancia que muchas veces existe entre los derechos reconocidos por la ley y las posibilidades reales de ejercerlos. Así, una vulneración que no fue abordada oportunamente puede transformarse en una causa de protección de derechos de NNA. En un despido injustificado puede significar meses de incertidumbre para un trabajador y una obligación económica pendiente para su empleador.

El acceso a la justicia es una garantía fundamental. Pero cuando recurrir a los tribunales se convierte en la respuesta habitual frente a las deficiencias de las políticas públicas, debemos preguntarnos si estamos abordando las causas de los conflictos o solamente administrando sus consecuencias.

Y esto también tiene una dimensión económica. Los procedimientos judiciales demandan recursos públicos, generan costos para las partes y pueden prolongar situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre. La evaluación de resultados y la responsabilidad fiscal son indispensables. Pero una política presupuestaria rigurosa también debería considerar los costos futuros de debilitar la prevención y la protección social.

Cuando el Estado recorta la prevención y la protección social, puede terminar trasladando el costo de su inacción a los tribunales y a las propias familias.

La verdadera eficiencia no consiste únicamente en gastar menos, sino en utilizar los recursos públicos de manera que evitemos conflictos, vulneraciones y gastos mayores en el futuro. Porque una ley puede reconocer un derecho, pero sin instituciones y políticas públicas capaces de garantizarlo, ese reconocimiento corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida.

Y su costo no es solamente presupuestario. Es humano, social y económico.

María José Escobar Opazo
Abogada, magíster en Derecho y Políticas Públicas
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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