En el marco de la conmemoración del 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Valparaíso, a través de declaración pública, criticaron a las y los dirigentes sindicales «cupulares que han guardado un cómplice, cobarde e interesado silencio ante la ofensiva fascista de la administración de Piñera», en particular desde el estallido social del 18 de octubre. 

A su vez, destacaron la iniciativa de un grupo de senadores y de la Coordinadora No+AFP, que presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto ley 3.500 de 1981, nacionalizar los fondos administrados por las AFP y crear un nuevo sistema de administración de los fondos de pensiones, «porque va en la dirección correcta, aunque sabemos – por las razones antes expuestas – que fracasará como todas las iniciativas que atentan contra el modelo del capital financiero. Servirá de precedente en el futuro».

A continuación, el texto íntegro del comunicado.

Trabajadores de Chile

Los trabajadores de todo el mundo se encuentran, este Primero de Mayo, en las peores condiciones de las últimas décadas. Según cifras de la OIT en el marco de la pandemia los empleadores han provocado más de 300 millones de desempleados, y pronostica que más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial está en riesgo de perder su fuente laboral. Mientras tanto las platas públicas que administran los gobiernos neoliberales son destinadas a los banqueros y financistas para que sigan lucrando por la vía de los créditos a la pequeña y mediana empresa y a los ciudadanos que se ven forzados a aumentar su ya desproporcionado endeudamiento.

Esta desprotección de los trabajadores ante la élite neoliberal de capitalistas usureros, ambiciosos, abusivos y depredadores se ve agravada por la conducta servil de los partidos políticos, incluidos los que otrora se autodenominaron obreros y revolucionarios, que en el caso de Chile se expresa en la aprobación de todas las leyes represivas, pro empresariado y anti trabajadores que el gobierno ultra conservador de Piñera ha enviado al Congreso.

Tampoco han ayudado a fortalecer una propuesta firme y clara para defender los intereses populares en el marco de la crisis en curso, las medias tintas de los dirigentes sindicales cupulares que han guardado un cómplice, cobarde e interesado silencio ante la ofensiva fascista de la administración de Piñera.

Llamamos a los dirigentes sindicales de verdad a que se saquen la camiseta de los partidos políticos, que son parte importante del problema, y se pongan la de sus sindicatos y la del pueblo trabajador para asumir el rol político que no lograron alcanzar durante el alzamiento popular iniciado el 18 de octubre pasado.

Vendrán nuevas rebeliones sociales después de la pandemia y la clase trabajadora no puede seguir sin conducción y sin cabezas visibles que la representen adecuadamente.

Saludamos la iniciativa de un grupo de senadores y de la Coordinadora No+AFP, que el miércoles 29 de abril presentaron el proyecto de ley que busca derogar el decreto ley 3.500 de 1981, nacionalizar los fondos administrados por las AFP y crear una nueva institucionalidad para la administración de los fondos de pensiones porque va en la dirección correcta, aunque sabemos – por las razones antes expuestas – que fracasará como todas las iniciativas que atentan contra el modelo del capital financiero. Servirá de precedente en el futuro.

Estamos siendo testigos de las quiebras de pequeñas, grandes y gigantescas empresas las que se explican, al igual que la cesantía creciente, por la necesidad urgente del capital financiero de destruir fuerzas productivas y medios de producción para revalorizar sus inversiones y crear nuevos mercados traspasando el costo a los micro empresarios y a todos los trabajadores. El Corona Virus es sólo una macabra excusa de las élites financistas, de los medios de comunicación masivos y de las industrias farmacéuticas para encubrir su reingeniería macro económica.

Los trabajadores saben o intuyen, pese a la propaganda de la derecha, que son imprescindibles para los capitalistas, que son ellos los que producen la riqueza, los bienes y los servicios, no el capital. También saben que sin los trabajadores en su rol de consumidores no existirían los mercados, ni los mercaderes, ni los usureros.

Es hora de avanzar hacia un nuevo pacto social, uno en el que los negocios estén diseñados para satisfacer las necesidades de la población, uno que se base en los derechos sociales y no en la rentabilidad del capital, uno en que los trabajadores estén presentes en cada uno de los poderes del Estado y tengan el derecho a revocar el mandato de sus representantes en cualquier momento.

Una vez terminada la pandemia debemos unir fuerzas trabajadores, pensionados, estudiantes, pobladores, campesinos, intelectuales, microempresarios y emprendedores, sin exclusión, sin banderas partidistas y sin personalismos para dar continuidad y profundizar la movilización social por un país justo, construido entre todos y todas con equidad, con respeto por la naturaleza, que pueda heredar un futuro digno y sostenible a las nuevas generaciones.